Misiones se quedó sin la herramienta clave para la forestoindustria y el campo mira de reojo a Brasil
Una factura que hace dos años era de $7 millones hoy trepa a $23 millones: el número que tiene contra las cuerdas a los aserraderos misioneros y que AMAYADAP llevó al Gobierno provincial.
La nueva Ley de Bioinsumos dejó sin efecto la prohibición del glifosato en Misiones y la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP) lo celebró como un regreso a la previsibilidad. Pero desde la entidad advierten que el verdadero desafío recién empieza: todavía no existe un producto que iguale en eficacia, costos y tecnología al herbicida que estuvo prohibido.
El presidente de AMAYADAP, Enrique Bongers, explicó que el sector venía reclamando revisar la medida porque no hay una herramienta que combine rendimiento tecnológico, viabilidad económica y menor impacto ambiental de manera superadora. En la actividad forestal, el glifosato se usa sobre todo durante el primer año de las plantaciones, para controlar malezas y favorecer el desarrollo inicial de los árboles.
“Hoy no hay otra herramienta tecnológica para controlar la maleza”, sostuvo Bongers. Y puso un ejemplo concreto: reemplazar el producto en grandes superficies sin una alternativa eficaz implicaría costos imposibles de afrontar. Controlar manualmente las malezas en 200 o 300 hectáreas destinadas a una plantación forestal, planteó, sería inviable.
El desafío de encontrar una alternativa
Para el dirigente, la discusión no debería cerrarse con la derogación de la prohibición, sino avanzar hacia el desarrollo de nuevas herramientas. En ese sentido, consideró que la provincia debe fortalecer la investigación y la capacitación para que los productores usen correctamente los productos autorizados mientras se desarrollan alternativas superadoras.
“Esperamos que a futuro haya algún otro producto que sea superador, pero por ahora no hay otra herramienta que lo supere tecnológicamente”, señaló.
Desde AMAYADAP también consideran fundamental mejorar la capacitación, especialmente entre pequeños productores. Bongers planteó que el Ministerio del Agro debería profundizar las instancias de formación sobre el uso responsable de fitosanitarios: dosis recomendadas para cada cultivo, preparación y elementos de protección personal. Según sostuvo, el impacto ambiental y sobre las personas puede reducirse cuando el producto se utiliza bajo las dosis indicadas y con las medidas de seguridad correspondientes. En el sector forestal, además, el uso se concentra en los primeros años de la plantación, mientras que el ciclo hasta la cosecha puede extenderse entre 18 y 20 años.
Competitividad y mercados internacionales
Uno de los principales argumentos de AMAYADAP está relacionado con la competitividad regional. Bongers advirtió que una sustitución del glifosato sin contar antes con una herramienta que mantenga los niveles de eficiencia podría generar consecuencias económicas para distintas producciones y dejar a Misiones en desventaja frente a países como Brasil y Paraguay, donde el producto continúa utilizándose.
“Si nos quitaban esta herramienta, no podríamos salir a competir con Brasil o Paraguay”, sostuvo el presidente de la entidad, al remarcar que existen producciones que podrían volverse inviables sin alternativas eficaces para el manejo de malezas.
El planteo también alcanza a las exigencias de los mercados internacionales y a los sistemas de certificación. Bongers señaló que más de 150.000 hectáreas de plantaciones forestales de Misiones cuentan con certificaciones FSC y PEFC, cuyos protocolos contemplan el uso de este tipo de productos bajo determinadas condiciones. Explicó que el proceso de certificación no depende únicamente del uso de glifosato, sino que contempla distintas exigencias ambientales y de manejo, y consideró que es posible compatibilizar la producción con el cuidado ambiental mediante protocolos adecuados.
Para AMAYADAP, la modificación de la normativa representa un cambio de escenario para la producción provincial. Bongers consideró que la decisión también permite recuperar el diálogo entre el sector productivo y las autoridades y establecer reglas más claras para quienes deben proyectar inversiones de largo plazo.
El desafío, ahora, será avanzar en el desarrollo de bioinsumos y otras herramientas que permitan reducir progresivamente la dependencia de productos químicos, pero sin imponer una sustitución para la que todavía no existe una alternativa técnica y económicamente viable. Para la entidad, esa transición deberá contemplar las necesidades concretas de cada cadena productiva y preservar la capacidad de Misiones para competir en los mercados nacionales e internacionales.
La crisis de costos y el pedido de alivio
Bongers también puso el foco en la estructura de costos que enfrenta la forestoindustria y señaló que el sector acumula distintas cargas que afectan su competitividad frente a otras provincias. Mencionó la tasa forestal, el impuesto a la industria y el canon por el uso del agua de Misiones, además de otros costos que, según sostuvo, dejan a las industrias locales en desventaja.
En ese contexto, desde AMAYADAP plantean la necesidad de medidas paliativas mientras atraviesan la crisis. Bongers señaló que solicitaron al Gobierno provincial la suspensión por 12 meses de la tasa forestal, que actualmente representa el 2% del valor del rollo, y consideró que una suspensión del canon por el uso del agua también podría aliviar la situación. “Serían paliativos hasta ver cómo salimos de esta crisis, que es compleja”, explicó.
Pero uno de los principales problemas que señaló está relacionado con el costo de la energía para los grandes consumidores industriales. Como ejemplo, detalló que un aserradero que entre enero y febrero pagaba unos $500.000 por la Resolución 976/23, actualmente recibe por ese mismo concepto una factura de alrededor de $22 millones, a lo que luego se suman potencia y consumo. En el caso de un aserradero pequeño, ejemplificó que una factura que hace dos años rondaba los $7 millones hoy alcanza los $23 millones, mientras que industrias más grandes pasaron de pagar unos $23 millones a alrededor de $80 millones.
“Trasladar ese costo a la madera que cortan es prácticamente imposible”, advirtió Bongers, y señaló que la situación ya está llevando a algunas industrias a evaluar el freno de sus actividades. Según explicó, los establecimientos que no cuentan con forestaciones propias, trabajan con grandes volúmenes y no logran diversificarse enfrentan un escenario especialmente complejo: “O se reconvierte en otra cosa o para, porque no le van a cerrar los costos”.
El impacto de El Niño sobre el abastecimiento de madera
Otro de los factores que genera preocupación en la forestoindustria es el escenario climático asociado al fenómeno de El Niño y la posibilidad de atravesar meses con precipitaciones abundantes. Bongers explicó que el principal impacto podría darse sobre los caminos rurales y, en consecuencia, sobre la capacidad de extraer la materia prima de las zonas de producción.
“Debido a la calidad de los caminos rurales actualmente, puede hacer que nos quedemos con poca materia prima disponible”, advirtió. Según detalló, durante los días de lluvia los rollos suelen extraerse desde sectores con caminos en mejores condiciones o cercanos a las rutas, mientras que cuando el clima mejora se intenta ingresar a zonas más alejadas.
Por eso, una temporada con muchos días de lluvia podría dificultar el abastecimiento de los aserraderos y otras industrias forestales. “El efecto de este proceso de El Niño podría afectar ese abastecimiento a las industrias”, señaló Bongers, aunque aclaró que por el momento el sector todavía no observa ese impacto de manera concreta y se mantiene atento a la evolución de las precipitaciones.
El máximo tribunal de Justicia de la Nación falló a favor de la empresa Papel Misionero y determinó que una ley no puede calificar una actividad laboral como riesgosa de manera genérica y abstracta, sin evaluar las tareas específicas de cada trabajador. La ley había sido aprobada… pic.twitter.com/2Df9iA96da
— misionesonline.net (@misionesonline) September 10, 2026
El máximo tribunal de Justicia de la Nación falló a favor de la empresa Papel Misionero y determinó que una ley no puede calificar una actividad laboral como riesgosa de manera genérica y abstracta, sin evaluar las tareas específicas de cada trabajador. La ley había sido aprobada… pic.twitter.com/2Df9iA96da
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