Misiones les dio tarjetas de débito a sus funcionarios: qué pasa si no pueden justificar un gasto
Un funcionario de Misiones paga con una tarjeta del Estado y, si no puede respaldar el gasto con comprobantes, le devuelve el dinero de su bolsillo. La resolución que lo obliga ya está en el Boletín Oficial y tiene un detalle que muchos van a mirar dos veces.
El Poder Ejecutivo de Misiones puso en marcha un esquema de tarjetas de débito corporativas para que las dependencias públicas puedan comprar insumos y cubrir gastos de funcionamiento, pero con una condición que cambia las reglas del juego: cada funcionario autorizado responde con su patrimonio por lo que no pueda justificar.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución 276 de la Contaduría General de la Provincia, publicada en el Boletín Oficial. Alcanza a los fondos permanentes y cajas chicas de las dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo.
Cómo funcionan las tarjetas
Los plásticos estarán atados a cuentas bancarias oficiales y tendrán carácter personal e intransferible. Nadie puede prestarlos ni usarlos por otro: el titular es el único responsable frente a cualquier utilización indebida, excesiva o ajena a los fines institucionales.
Todas las operaciones deberán tener comprobantes respaldatorios, y las rendiciones de cuentas tendrán que presentarse junto a los extractos bancarios correspondientes. Así se busca seguirle el rastro a cada peso que sale de las arcas provinciales.
Lo que queda prohibido
La normativa apunta a cerrar las grietas habituales. No se podrán financiar compras en cuotas, generar intereses ni dividir una misma operación en varias facturas para esquivar los límites fijados. Los pagos se harán mediante débito inmediato y siempre dentro de los montos autorizados para cada dependencia.
La extracción de efectivo solo se permitirá de manera excepcional y con una fundamentación previa. Después, cada gasto deberá justificarse con comprobantes.
En cambio, sí se podrán abonar servicios esenciales por débito automático, siempre que los contratos estén a nombre del organismo público y se adjunten las facturas.
Qué pasa ante errores o uso indebido
Si una operación es rechazada por incumplir las condiciones legales, el funcionario deberá responder por los importes comprometidos y reintegrarlos cuando corresponda. Para los cargos erróneos hay un plazo de 48 horas para presentar descargos o hacer reclamos ante el banco.
Ante pérdida, robo o sospecha de uso indebido, el titular está obligado a bloquear la tarjeta de inmediato y a comunicar el hecho dentro de las 24 horas hábiles.
