Misiones debate su nuevo Código Procesal Penal: el pedido que cambia cómo los jueces miran a un imputado

En plena discusión por el nuevo Código Procesal Penal de Misiones, el diputado Martín Arjol pidió este miércoles que la Justicia incorpore la figura de la “reiterancia delictiva” al texto definitivo. La propuesta no busca sumar una excusa más para encarcelar, sino darle al juez una herramienta para evaluar si un imputado tiene otros procesos abiertos al momento de decidir medidas de coerción.

El planteo lo hizo durante la reunión de la Comisión de Legislación de la Legislatura misionera y retoma una iniciativa que ya había presentado el 27 de abril.

¿Qué significa hablar de reiterancia?

La idea es concreta: cuando una persona esté formalmente imputada en una causa y, a la vez, acumule otros procesos en trámite, esa circunstancia pueda ser uno de los elementos que el juez considere para determinar si existe riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación.

Arjol fue claro al marcar los límites. La reiterancia no es lo mismo que la reincidencia y no puede transformarse en una causal automática de prisión preventiva. Tener más de una causa abierta, por sí solo, no implica culpabilidad ni puede usarse como presunción de peligrosidad, según su planteo.

La intención es que cada situación se evalúe de manera individual y fundada, junto con el resto de las pruebas del caso. Bajo esa lógica, la prisión preventiva solo se justificaría cuando exista un riesgo procesal concreto y las medidas menos gravosas resulten insuficientes.

Una reforma que apunta a cambiar el sistema de raíz

La incorporación de la reiterancia forma parte de una reforma más ambiciosa que busca reemplazar el actual esquema procesal por un sistema acusatorio, con más oralidad, audiencias públicas y una división clara de roles.

En el nuevo modelo, el fiscal investiga y acusa, la defensa representa al imputado y el juez actúa como tercero imparcial: controla la legalidad del procedimiento y decide a partir de lo que se produce en audiencia. El proyecto también apunta a fortalecer la participación y protección de las víctimas, y a avanzar hacia una Justicia penal más accesible, transparente y cercana a la gente.

“Modernizar el proceso penal también significa darle herramientas al juez para mirar la realidad completa de cada caso. La reiterancia debe poder ser considerada, pero con reglas claras: ni impunidad frente a quien sistemáticamente incumple la ley, ni prisión automática por el solo hecho de estar imputado. Necesitamos una Justicia eficaz, pero también respetuosa de las garantías constitucionales”, sostuvo el diputado.

El debate de fondo: las medidas de coerción

El planteo también contempla la necesidad de armonizar distintos artículos del proyecto vinculados con las medidas de coerción, la prisión preventiva, el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación. El objetivo es que la eventual incorporación de la reiterancia tenga una definición precisa y criterios uniformes, para evitar contradicciones dentro del nuevo Código y preservar el principio constitucional de inocencia.

El proyecto de reforma fue elaborado a partir de un proceso interdisciplinario en el que participaron representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Colegio de Abogados de Misiones, a través de una comisión encabezada por el procurador general Carlos Giménez.

Durante el tratamiento, el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Juan Manuel Díaz, destacó el carácter participativo del proceso y remarcó que los distintos actores pudieron aportar “su idea, su visión y su trayectoria”.

A su vez, el presidente del Colegio de Abogados de Misiones, Antonio López Forastier, quien integró la comisión redactora, sostuvo que el nuevo modelo representa un avance en materia de garantías y derechos de las personas sometidas a procesos penales, y contribuye a una Justicia más accesible y transparente.

La propuesta de Arjol quedará ahora incorporada al debate legislativo del nuevo Código Procesal Penal, que apunta a producir un cambio estructural en la investigación y el juzgamiento de los delitos en Misiones, con mayor oralidad, publicidad, transparencia y participación de las víctimas.