El Senado aprobó por unanimidad la nueva ley de discapacidad y en Misiones la celebraron. Pero la titular del Consejo Provincial puso una condición que podría cambiarlo todo: sin presupuesto, dicen, no hay derechos que valgan.
La aprobación unánime en el Senado de la Nación de la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad despertó expectativas en Misiones, aunque desde el organismo provincial que nuclea al sector pusieron el freno justo donde más duele: la plata.
Tatiana Antúnez, presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, celebró la sanción pero fue tajante al señalar que la norma no sirve de mucho si no viene acompañada de partidas concretas. La funcionaria habló con FM 89.3 Santa María de las Misiones y planteó que la implementación real depende de lo que el Gobierno nacional decida girar.
Qué cambia con la nueva ley
Antúnez explicó que la norma convierte en permanentes varias disposiciones que antes dependían de la emergencia nacional, cuyo vencimiento estaba previsto para el 31 de diciembre. “Sin duda, una noticia para celebrar. Nosotros venimos peleando desde hace rato, pero no digo nosotros en términos individuales, sino colectivo, el colectivo de discapacidad”, afirmó.
Entre los puntos que más valoró aparece la creación de una pensión no contributiva exclusiva para personas con discapacidad, separada de la prestación por invalidez laboral. Para cobrarla hará falta el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y cumplir con las condiciones que fije la reglamentación. El monto equivale al 70% de la jubilación mínima y tiene mecanismos de actualización.
La diferencia sustancial, según la titular del Consejo, es que ahora se reconoce la situación de quienes no pueden trabajar pero también de quienes tienen una discapacidad que no les impide hacerlo. En esa línea, celebró que se vuelva a permitir la compatibilidad entre la pensión y un ingreso de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles.
“Una de las cosas que para nosotros es motivo para celebrar es que se vuelva a compatibilizar esta pensión por discapacidad con ingresos de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles, que era algo que se había quitado, obviamente, en detrimento de los derechos de las personas con discapacidad”, sostuvo.
El problema de las suspensiones
Antúnez también puso el foco en las garantías para los procedimientos de auditoría. En los últimos meses se multiplicaron las quejas en Misiones por la suspensión de pensiones sin aviso previo. La nueva ley exige que los organismos nacionales respeten el debido proceso, con notificaciones formales y la posibilidad de presentar documentación antes de cortar el beneficio.
“Lo que está pasando en estos días, a partir de la publicación de este listado donde aparecen personas a nivel país con pensiones suspendidas, es que ni siquiera han recibido una notificación oficial ni carta documento de ningún tipo con información al respecto”, cuestionó.
Para la funcionaria, esas suspensiones preventivas dejan a las familias en una situación de extrema vulnerabilidad, obligadas a demostrar otra vez sus derechos después de quedarse sin el ingreso. “Hay una suspensión preventiva que vulnera cualquier tipo de derecho a defensa, porque, en lugar de pedirle documentación médica primero y después suspender, lo primero que hacés es suspender y después preguntar si efectivamente es así o no tu situación”, argumentó.
La formación, otro punto destacado
Otro de los aspectos que resaltó es la incorporación de instancias de capacitación en perspectiva de discapacidad para el personal de organismos públicos y espacios de atención. Según Antúnez, tener conocimientos específicos es clave para garantizar un trato adecuado y mejorar la accesibilidad.
El financiamiento, la gran deuda pendiente
Más allá de los avances, el interrogante central sigue siendo la plata. Las discusiones por el Presupuesto nacional 2027 y los fondos para tratamientos, servicios especializados y asistencia sanitaria marcan la agenda. “Para que sea efectiva y que sea real y que se cumpla, tiene que ir acompañada del presupuesto”, afirmó.
Antúnez reclamó que el Ejecutivo asuma las obligaciones y no avance con recortes sobre las partidas del sector. “Creo que sin recursos vos no podés hacer nada. Entonces, realmente, si hablamos de que respetamos los derechos de las personas con discapacidad, esperamos hoy que el Gobierno nacional cumpla, que no avance con recortes y ajustes”, remarcó.
En ese contexto, mencionó especialmente el Programa Federal Incluir Salud, que cubre a titulares de pensiones no contributivas sin otra obra social. La continuidad de ese sistema está contemplada en la nueva legislación y resulta vital para garantizar medicamentos, alimentación especial, pañales, sillas de ruedas y otras ayudas técnicas.
La funcionaria pidió un financiamiento permanente y suficiente para evitar nuevas interrupciones en la entrega de insumos o tratamientos. Y advirtió que los problemas acumulados durante los últimos años dejaron secuelas que no siempre se pueden revertir. “Hay muchas cosas que no se pueden subsanar, y cuando hablamos de salud también podemos hablar de pérdida de vidas”, expresó, al vincular esa situación con casos de personas que, según dijo, sufrieron la falta de medicamentos y elementos necesarios para intervenciones quirúrgicas.
“La salud no puede esperar, la vida no puede esperar”, enfatizó.
El rol de Misiones en el debate
Antúnez valoró especialmente la participación de los legisladores misioneros durante el tratamiento parlamentario, tanto en Diputados como en el Senado. “Celebro que la provincia de Misiones, a través de sus legisladores, haya tenido una participación muy especial y protagónica en la incorporación de cambios y modificaciones que necesitaba este primer borrador”, señaló.
Recordó que el proyecto original tenía omisiones que preocupaban a quienes trabajan a diario con personas con discapacidad. En ese proceso también mencionó el aporte de referentes del Cottolengo Don Orione, institución que visitó recientemente el papa León XIV.
La lucha sigue
La sanción legislativa no pone fin a los reclamos. Las organizaciones seguirán de cerca la reglamentación y la asignación de partidas. Antúnez recordó que las personas con discapacidad y sus familias fueron de las que más se movilizaron durante la actual gestión nacional para exigir el reconocimiento de sus derechos. “Fueron las que más salieron a la calle a reclamar por sus derechos. No creo que duden en volver a hacerlo”, afirmó.
El desafío, insistió, es pasar de la letra de la ley a la aplicación efectiva, con mecanismos que permitan recuperar la continuidad de los servicios y evitar que vuelvan a quedar desprotegidos. “Justamente por eso nosotros pedimos, luchamos y exigimos que se cumpla esta ley, que se cumpla toda, que se cumpla la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad”, concluyó.