Misiones aprobó la ley para jubilados del IPS: las fechas que van a mirar todos

La Cámara de Representantes de Misiones dio luz verde este jueves 22 de octubre a la norma que pone fechas concretas para saldar las movilidades jubilatorias que el Instituto de Previsión Social (IPS) mantenía sin aplicar. El respaldo fue contundente: 38 votos a favor.

La iniciativa modifica el artículo 10 de la Ley VII N.º 103 y deja de atar el pago de esos ajustes a las transferencias que la Nación sigue debiendo a la caja provincial. Ese era el nudo que trababa todo.

El texto que terminó sancionado no salió de un solo despacho. Fue el resultado de fusionar cuatro proyectos legislativos y de una ronda de reuniones con gremios, trabajadores en actividad, jubilados y pensionados. Una de las propuestas había ingresado el 15 de octubre, impulsada por el diputado José Luis Pastori, del bloque Movimiento por lo que Viene.

Qué dice el cronograma, etapa por etapa

La ley ordena la regularización en tres tramos. El primero arranca en noviembre de 2026: para entonces deberá estar efectivizado como mínimo el 25% de las movilidades pendientes.

El segundo hito llega en marzo de 2027, cuando el acumulado tiene que alcanzar al menos el 50% de los ajustes adeudados.

La tercera instancia se abre en julio de 2027: a partir de ese mes debe quedar cancelada la totalidad de las movilidades previsionales que siguen sin aplicación en los haberes de jubilados y pensionados provinciales.

Además, el 31 de julio de 2027 caduca el condicionamiento que sujetaba estos pagos al cumplimiento de los compromisos financieros de Nación con la caja jubilatoria de Misiones.

Pastori: "No salió de entre cuatro paredes"

Pastori fue el miembro informante del dictamen de la Comisión de Presupuesto, Impuestos, Hacienda y Asuntos Económicos, que había logrado respaldo unánime de los espacios políticos con representación allí.

El legislador puso el acento en cómo se construyó la norma. "Es una herramienta de consenso y de madurez institucional", afirmó en el recinto.

Y subrayó el origen colectivo del texto: "Este proyecto tiene una profunda legitimación social", sostuvo. Según explicó, esa legitimidad viene tanto de haber integrado iniciativas de distintos bloques como de la participación directa de los sectores alcanzados.

"Este proyecto no ha salido de entre cuatro paredes ni de alguna oficina ni ha sido impuesto por nadie", manifestó.

El diputado detalló que durante cerca de un mes y medio hubo encuentros con representantes de trabajadores activos, jubilados, pensionados y organizaciones sindicales para analizar los problemas que generaban las movilidades sin aplicar. Esas reuniones, dijo, permitieron confrontar posiciones y acordar los plazos.

"Encontramos un punto de equilibrio entre lo pretendido y lo posible. Esas inquietudes las transformamos en letra, en ley, que es lo que estamos presentando hoy", expresó.

También reconoció el aporte gremial, tanto por los planteos como por la asistencia técnica durante el debate. "Hemos elaborado de manera muy responsable un cronograma para atender a las pasividades en los haberes jubilatorios que venían atrasadas", señaló.

Para Pastori, el beneficio central es la previsibilidad. "Le hemos dado dos cosas: previsibilidad, porque escribimos lo que consensuamos en letra, y la tranquilidad de que aquello que le corresponde y venía atrasado se va a cumplir", afirmó.

La deuda de Nación que podría rondar los $500 mil millones

La sanción llega en pleno conflicto entre Misiones y el Gobierno nacional por los fondos del sistema previsional provincial. La provincia integra el grupo que conserva su propia caja jubilatoria y reclama las transferencias para cubrir su déficit.

Durante el tratamiento previo, Pastori había estimado que la deuda de Nación con Misiones era de unos $300 mil millones a fines de 2024, pero calculó que hoy podría ubicarse cerca de los $500 mil millones.

"Para esta fecha estaríamos rondando los 500 mil millones, es decir, medio billón de pesos, es lo que estimo. Y solamente en esta cuestión de los fondos previsionales", había indicado.

Según explicó, las transferencias nacionales se cortaron a partir de 2023, lo que agravó las dificultades para financiar las actualizaciones de haberes. Frente a ese cuadro, sostuvo que la Provincia debía resolver la situación de los beneficiarios del IPS sin abandonar el reclamo.

"Es momento de dar una solución a este tema, estableciendo un cronograma de pagos, pero sin dejar de reclamar", había manifestado.

Cuatro expedientes que terminaron en un solo texto

La ley sancionada surgió del tratamiento conjunto de cuatro expedientes: 71530/26, 71531/26, 70599/26 y 70647/26, impulsados por Pastori, Miguel Núñez, Cristian Castro y otros legisladores.

Todos apuntaban a reformar el artículo 10 de la Ley VII N.º 103, que ataba la efectivización de ciertos créditos previsionales al cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado nacional.

En septiembre hubo encuentros los días 2, 9 y 16 con representantes sindicales y beneficiarios del sistema. Allí se expusieron los problemas por la falta de aplicación de las movilidades y la situación de quienes tienen ajustes pendientes, algunos desde 2024.

El dictamen de la Comisión de Presupuesto unificó los cuatro proyectos en una redacción común: mantiene por un tiempo el condicionamiento financiero, pero fija fechas obligatorias para completar la regularización.

La norma también ratifica los decretos provinciales 191/23 y 830/24 y conserva la facultad del Poder Ejecutivo de firmar acuerdos con Nación y con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para financiar el déficit previsional provincial.