Millonaria obra en el Puerto de Ushuaia sin el visto bueno de los organismos que prestan el servicio

La intervención nacional del Puerto de Ushuaia llamó a licitación una obra millonaria para remodelar las redes de agua y electricidad sin pedir antes la autorización ni los criterios técnicos a los organismos provinciales que prestan esos servicios. El pliego, además, deja en manos de la futura contratista la gestión de los permisos, lo que podría poner en riesgo dos servicios esenciales para la operatoria portuaria.

La Administración General de Puertos S.A.U. (AGP), en el marco de la intervención dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), lanzó la contratación denominada “Ampliación y reparación integral de la red eléctrica y provisión de agua en Puerto de Ushuaia”. El presupuesto oficial supera los USD 2 millones: USD 2.001.281 y $1.004.444.050 para ítems básicos, más otros $185.139.930 en trabajos eventuales. La apertura de ofertas está prevista para el 16 de septiembre y la ejecución tendrá un plazo de 365 días corridos desde el Acta de Iniciación.

Sin consulta previa a los responsables

Pese al alcance de la obra, la ANPYN no requirió criterios técnicos ni autorizaciones previas a la Dirección Provincial de Energía (DPE) ni a la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS), los organismos que tienen a su cargo la prestación de energía eléctrica y agua potable en la ciudad. El proyecto contempla modificaciones sobre instalaciones directamente ligadas al abastecimiento de servicios esenciales del principal puerto de la provincia.

En materia eléctrica, el pliego incluye trabajos sobre la sala transformadora de Media a Baja Tensión, tableros generales y seccionales, protecciones, alimentadores, tendidos subterráneos, cámaras, iluminación, tableros de muelle, fuerza motriz y puesta a tierra. En agua, prevé el relevamiento, mantenimiento y reacondicionamiento del sistema de bombeo, ensayos operativos y trabajos sobre las cañerías de distribución.

La secuencia del procedimiento queda expuesta en el propio pliego. El artículo 14 establece que será el Responsable Técnico de la empresa adjudicataria quien tendrá a su cargo “la gestión y tramitación de la totalidad de los permisos, autorizaciones y aprobaciones” necesarias ante la empresa prestataria del servicio eléctrico y ante cualquier organismo provincial o municipal con competencia. Es decir, los permisos y criterios técnicos indispensables para intervenir sobre las redes no son una instancia previa al llamado, sino que se trasladan hacia adelante, cuando la contratación ya esté adjudicada.

Riesgo para la operatoria

La diferencia no es meramente formal. Si las instalaciones proyectadas no responden a las especificaciones de DPE o DPOSS, los organismos podrían exigir modificaciones antes de autorizar su vinculación o recepción. En ese escenario, una inversión destinada supuestamente a garantizar agua y electricidad podría terminar generando incertidumbre sobre la continuidad de ambos servicios.

El propio pliego reconoce indirectamente el riesgo eléctrico: advierte que las tareas afectarán la distribución interna de energía y la alimentación de la carga contenerizada, por lo que ordena mantener el suministro existente durante el mayor tiempo posible. También establece que los cortes deberán ser los mínimos indispensables para preservar la operatividad del Puerto y coordinarse con cinco días hábiles de anticipación.

La pregunta es por qué una intervención que reconoce semejante sensibilidad operativa fue diseñada sin requerir previamente los criterios de la DPE. La misma incógnita se extiende a DPOSS respecto de las modificaciones previstas sobre bombeo, cañerías, medidores y accesorios de la red de agua.

No está en discusión la necesidad de reparar instalaciones que el propio Estado nacional reconoce como deterioradas. El problema es otro: pretender definir y contratar una intervención millonaria sobre agua y electricidad sin solicitar previamente autorización y criterios técnicos a los organismos responsables de esos servicios. La ANPYN puso así el procedimiento en un orden difícil de explicar: primero diseñó la intervención, después llamó a licitación y finalmente pretende que sea la empresa adjudicataria la que consiga las autorizaciones.

Si DPE y DPOSS no convalidan las soluciones proyectadas, las instalaciones podrían requerir modificaciones antes de poder ser conectadas o recibidas. Y entonces el problema dejaría de ser una discusión administrativa para convertirse en una amenaza concreta para la operatoria portuaria.