Millonaria contratación en la ATP chaqueña: la denuncia que expone un pliego bajo sospecha

El diputado peronista Santiago Pérez Pons presentó una denuncia penal contra el gobierno del Chaco por un proceso para contratar, durante cuatro años, una consultora privada que intervendría en áreas sensibles de la Administración Tributaria Provincial (ATP). El costo mínimo del contrato ascendería a $31.340 millones, unos $652,9 millones por mes.

La presentación no es el único frente de conflicto para la gestión de Leandro Zdero: también está bajo la lupa el manejo de los fondos del fideicomiso destinado a la pauta publicitaria.

Una licitación que ya genera ruido

El concurso, que todavía no fue adjudicado, quedó en la mira por un informe previo de $1.887 millones que, según la denuncia, fue contratado sin licitación a través de Ecom Chaco SA y habría servido de base para redactar el pliego. Pérez Pons pide que se investigue a la administradora general de la ATP, Bibiana Massiel Kuncheff, y al ministro de Hacienda, José Alejandro Abraam.

Tres empresas de Buenos Aires presentaron ofertas, con una diferencia mínima entre las dos principales: ATS Sistemas y Gestión SA cotizó $31.521 millones y Pogua Sistemas SA, $32.976 millones, frente a los $31.340 millones de la propuesta más baja.

Según pudo saber LA VOZ DEL CHACO, el proceso estuvo lejos de ser prolijo. Una empresa que desde hace años maneja la recaudación en Corrientes y Córdoba intentó participar, pero se topó con un trámite exprés. Apenas se conoció la convocatoria, quiso comprar los pliegos y le dijeron que no estaban disponibles. Pidió una prórroga que nunca fue respondida y quedó afuera. La adjudicación, aseguran, ya tendría un favorito cuyo nombre dará que hablar.

Qué tareas tendría la consultora

El pliego contempla diez ejes de trabajo y no fija un precio de referencia. Entre las funciones previstas figuran el acceso al padrón de Ingresos Brutos, declaraciones juradas, saldos y deudas, además de la elaboración de una matriz de riesgo para definir qué contribuyentes serán fiscalizados. También incluye tareas vinculadas con una nueva ley de Impuesto Inmobiliario, su reglamentación, el revalúo de campos y aspectos de seguridad informática de la ATP.

La denuncia advierte que la consultora tendría acceso a información fiscal sensible, por lo que reclama garantías específicas para proteger datos de facturación, declaraciones juradas y deudas durante los 48 meses del contrato. Mientras tanto, señala que la ATP sufre falta de insumos, computadoras y licencias, y se proyecta destinar más de $650 millones mensuales a la firma privada.

El informe previo bajo la lupa

El informe que habría servido para armar el pliego costó $1.887 millones y fue abonado en tres cuotas de $629 millones a Ecom Chaco SA, con órdenes de pago del 25 de febrero, 7 de abril y 13 de mayo de 2026. Los pagos se registraron como “servicio de consultoría y asesoría en general”, pero se imputaron a partidas de “informática y sistemas”. La denuncia pide determinar si esa contratación y su imputación fueron legales.

Otro punto llamativo: el pliego habría sido copiado “página por página” de un informe de 216 páginas identificado como “ATS”, sigla que coincide con una de las empresas oferentes. Además, las firmas tuvieron apenas dos días hábiles para presentar sus ofertas y el proceso exigía un seguro de impugnación de $1.567 millones.

Compromiso de fondos hasta 2030

El contrato tendría una vigencia de 48 meses y comprometería más de $22.200 millones de la próxima gestión provincial, correspondientes a 34 meses del período total. La denuncia pide frenar la adjudicación hasta que se aclare el origen y pago del informe previo, se publiquen ese documento y los detalles de las ofertas, y se explique el marco legal que permitiría comprometer recursos hasta 2030.

También solicita que el Tribunal de Cuentas audite los mecanismos para proteger el secreto fiscal ante el eventual acceso de una consultora privada a los sistemas tributarios. El concurso aún no se adjudicó, pero los cuestionamientos ya cubren costo, pliego, informe previo, acceso a datos y el compromiso de fondos por cuatro años. La denuncia se apoya, según el documento, en pliegos, expedientes y órdenes de pago oficiales.