Miles de mendocinos podrían pagar su casa con un monto muy distinto al que figura en el IPV

La Cámara de Diputados de Mendoza dio sanción inicial a un proyecto que promete destrabar una de las mayores frustraciones de los adjudicatarios del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV): deudas que crecieron por encima del valor real de la casa. La iniciativa, que ahora pasará al Senado, faculta al organismo a readecuar saldos desfasados por la inflación, aplicar quitas por pago anticipado y acelerar la entrega de títulos de propiedad.

El proyecto, impulsado por la diputada Melisa Martínez Malanca (UCR), modifica la Ley 4.203 para corregir las distorsiones que generaron los mecanismos de actualización como UVA, URS o CVS. En muchos casos, los índices aplicados hicieron que el monto nominal adeudado superara el valor real o de reposición de la vivienda, lo que desalentaba cualquier intento de adelantar cuotas o terminar de pagar la casa.

Qué cambia para los adjudicatarios

Con el nuevo marco, el IPV podrá tomar como referencia el menor valor entre el saldo del crédito o el costo de reposición del inmueble. También podrá aplicar quitas por adelanto de cuotas y reajustar los montos para que sean razonables y acordes al mercado.

"Buscamos otorgarle al IPV herramientas financieras y administrativas para que pueda readecuar los saldos pendientes y así estimular la cancelación de los créditos", explicó Martínez Malanca al sitio oficial de la Legislatura.

La legisladora remarcó que facilitar estos pagos también beneficia al organismo: "Permite que ese dinero reingrese a las arcas del Instituto y se vuelque a seguir construyendo viviendas para más mendocinos".

Desde la oposición acompañaron la medida, aunque pidieron seguir profundizando las soluciones. El diputado Lucas Ilardo (Fuerza Patria) destacó el alivio para las familias: "Es algo justo que los mendocinos paguen lo que deben pagar y no una cuota que está desarticulada de lo que sucedió en la Argentina en los últimos años".

Títulos de propiedad y plazos

Además del aspecto financiero, el proyecto fija pautas para regularizar la titularidad dominial de miles de casas donde el IPV todavía figura como titular registral. La norma contempla excepciones para casos con denuncias de usurpación o procesos judiciales en curso.

Una vez que el Senado complete el trámite y la norma sea promulgada, el Directorio del IPV tendrá un plazo de 90 días corridos para reglamentar la resolución con los requisitos y condiciones operativas que permitirán a los adjudicatarios iniciar los trámites.