Milei mete IA en las causas penales: el detalle que quedó en el anexo

El Ministerio de Justicia de la Nación formalizó la creación del Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB), un marco normativo que contempla de manera explícita el uso de inteligencia artificial y tecnologías emergentes para la prevención, detección e investigación de delitos.

La Resolución 483/2026, firmada por el ministro Juan Mahiques, busca adaptar la persecución penal frente a las nuevas modalidades de la criminalidad informática y fijar pautas para el desarrollo de proyectos piloto algorítmicos en el ámbito de la justicia.

Qué dice el anexo sobre la inteligencia artificial

El anexo de la norma establece que el programa analizará tanto la utilización de IA por parte de organizaciones criminales para automatizar o masificar delitos, como su empleo funcional en el análisis de información y el tratamiento de prueba digital.

La resolución determina que la aplicación de estas tecnologías deberá alinearse con criterios de legalidad, transparencia, trazabilidad, auditabilidad, no discriminación y protección de datos personales. Como salvaguarda indispensable, dispone que el desarrollo y uso de algoritmos cuente con una "supervisión humana significativa" y respete estrictamente las competencias decisorias de las autoridades judiciales.

Criptoactivos y evidencia digital: el otro eje del programa

Además del eje centrado en la inteligencia artificial, el PRONACIB aborda el tratamiento de los activos virtuales y la interacción con los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), en concordancia con las definiciones incorporadas por la Ley 27.739.

La medida encomienda la elaboración de protocolos y guías orientadas a la identificación, seguimiento, trazabilidad, aseguramiento e incautación de criptoactivos vinculados a causas penales, coordinando acciones con entidades financieras y plataformas del sector privado.

En materia de prueba informática, el programa busca fortalecer la capacidad institucional para la obtención, preservación, análisis e incorporación procesal de la evidencia digital, aplicando estándares de ciberseguridad para garantizar la integridad, autenticidad y confidencialidad de la información.

Cooperación internacional y alcance federal

En el plano de la cooperación internacional, la iniciativa articula sus acciones con la Unidad 24/7 de Delitos Informáticos y Evidencia Digital —creada por la Resolución 1291/2019— y con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en su carácter de autoridad central del Convenio de Budapest sobre Ciberdelito, aprobado por la Ley 27.411.

El nuevo esquema funcionará bajo la órbita de la subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia. A través del artículo 5° de la resolución, se designó como coordinador al asesor Mariano Tomás Rivas con carácter "ad honorem".

Respecto de su implementación territorial, la norma reafirma el respeto por el sistema federal y las autonomías provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y señala que la integración a las mesas interinstitucionales dependerá de la adhesión de las jurisdicciones y que la asistencia técnica local se prestará únicamente a requerimiento de las autoridades provinciales.

La medida ratifica que el tratamiento de datos personales en el marco del programa se regirá por la Ley 25.326 y por la obligación de guardar reserva de las investigaciones en curso.