Milei guarda US$6400 millones para apretar gobernadores en el año electoral

La caja discrecional de US$6400 millones que Javier Milei se reservó en el Presupuesto 2027 quedó al descubierto tras la sesión fallida contra el decreto 70/23. La oposición no logró reunir quórum y la ausencia de diputados que responden a gobernadores clave encendió las alarmas: el oficialismo ya tendría el mecanismo para disciplinar a las provincias en el año electoral.

La partida que nadie controla

El dato central está en la jurisdicción 91, Obligaciones a cargo del Tesoro. De aprobarse el proyecto enviado por la Casa Rosada, esa partida crecerá un 120% real en 2027 y alcanzará casi $15 billones, unos US$10.000 millones. Es la tercera más importante del presupuesto, solo detrás de Capital Humano y del Servicio de la Deuda Pública.

Más de la mitad de esos fondos, $7,7 billones, quedan bajo el concepto Otras asistencias financieras, un paraguas impreciso que, según los especialistas, habilita el reparto sin criterio. Si se suman los $1,9 billones del fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que no tienen distribución prevista, el Estado nacional maneja $9,6 billones —unos US$6400 millones— de uso totalmente discrecional.

A la bazooka de dólares que Milei anunció para enfrentar una eventual corrida cambiaria se le suma otra: la bazooka de disciplinamiento político.

El rol de los gobernadores ausentes

La política del látigo y la billetera fue determinante en la última batalla legislativa. Influyó la ausencia de diputados que responden a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Son mandatarios que aspiran a asociarse con el oficialismo nacional el año que viene y que, como el resto de sus colegas, atraviesan urgencias financieras que solo el Estado nacional puede atender.

Qué dice el detalle del presupuesto

El reparto arbitrario de esos recursos no es nuevo: todos los gobiernos echan mano a esas partidas desde la década del 90. Pero el proyecto 2027 lo profundiza. De los $7,7 billones, $3,6 billones irán a seguridad social; de ese total, $2 billones figuran para repartir por provincias y $1,6 billones por la Nación, sin destino específico declarado.

El diputado Guillermo Michel (Unión por la Patria) fue categórico con El Destape: “El Gobierno se reserva una caja discrecional para el año electoral”. Y detalló: “La jurisdicción 91 pasa de $5,6 billones a $14,8 billones. De ese total, $7,7 billones sin ley ni criterio. No tiene programas con metas físicas, simplemente es ‘Obligaciones a Cargo del Tesoro’. Ningún artículo del proyecto crea ese programa ni fija criterio de reparto. ¿Para qué sirve? Es la plata con la que se ‘auxilia’ (presiona) a la provincia que no llega a pagar sueldos o necesita fondos. Es la moneda de cambio que el gobierno de LLA se guarda para sus deseos electorales en el año 2027”.

El pedido de la UBA

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, propuso que parte de esos fondos se destinen a garantizar la ley de financiamiento universitario. “Sería muy importante que, en lugar de apelar el fallo de primera instancia, el Gobierno utilice los fondos de la Jurisdicción 91 - Programa 99 ‘Otras Asistencias Financieras’, previstos en $14,8 billones y $7,7 billones respectivamente, para resolver la situación crítica que atraviesa el sistema universitario”, dijo.

Provincias ahogadas y ATN bajo la lupa

El salto de esta caja discrecional llega en medio de un ahogo financiero provincial. Según un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los recursos nacionales girados a las provincias cayeron un 11,6% durante el gobierno de Milei. Más de la mitad de las provincias también registraron caídas en su recaudación propia, con un promedio de -7,3%.

El reparto de ATN es otro dato clave. Entre enero y septiembre de este año, el Gobierno distribuyó $184.000 millones entre 15 provincias. Las más beneficiadas fueron Misiones ($25.000 millones), Corrientes ($19.000 millones), Catamarca ($18.500 millones) y Salta ($18.000 millones).

Para el año que viene, el proyecto prevé distribuir $300.000 millones en ATN. Sin embargo, ese monto es menor al que el Gobierno retiene sin repartir: el fondo se nutre por ley del 1% del impuesto a las Ganancias, lo que implica que solo en 2026 hay $1,9 billones sin distribuir que terminan diluidos en otras partidas.

La pregunta que sobrevuela el Congreso es si esos fondos alcanzarán para torcer la voluntad de los gobernadores en un año electoral decisivo.