Milei firma un decreto que cambia las reglas para elegir jueces de la Corte y elimina la participación ciudadana
El Gobierno eliminó por decreto la participación ciudadana en la selección de jueces de la Corte. ¿Qué cambió y por qué?
El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmaron un decreto que modifica el sistema de selección de jueces de la Corte Suprema. La medida, que se publicará en el Boletín Oficial en las próximas horas, elimina instancias clave de participación ciudadana y reduce plazos para agilizar los nombramientos.
La reforma reemplaza el decreto 222 de 2003, impulsado por Néstor Kirchner, y suprime la recomendación de contemplar diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional al proponer candidatos. También desaparece la publicación de antecedentes en el Boletín Oficial y en diarios de circulación nacional, así como la etapa de recepción de observaciones e impugnaciones ciudadanas ante el Ministerio de Justicia.
¿Por qué el Gobierno eliminó la participación ciudadana?
Desde el Ejecutivo argumentan que la etapa de impugnaciones en el Ministerio duplicaba el procedimiento que ya realiza el Senado. “Buscamos acortar los plazos y evitar superposiciones”, señalaron fuentes oficiales. Desde que asumió, Milei no logró nombrar jueces en la Corte: los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla no alcanzaron los dos tercios necesarios en la Cámara alta.
En lugar de la publicación tradicional, los antecedentes se difundirán en la página web del Ministerio de Justicia, con plazos más breves. El Gobierno asegura que esto no afecta la transparencia, pero los críticos advierten que reduce el control público.
Los detalles del nuevo proceso
La normativa anterior establecía la publicación del nombre y antecedentes de los postulantes en el Boletín Oficial y dos diarios nacionales durante al menos tres días, más un plazo de 15 días para que ciudadanos, ONG y colegios profesionales presentaran observaciones. El nuevo decreto elimina esa etapa.
Además, unifica los requisitos de información patrimonial y de cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales. Los postulantes tendrán cinco días para presentar sus declaraciones juradas de bienes, y ARCA deberá informar sobre el estado de esas obligaciones.
La Corte Suprema funciona actualmente con tres miembros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, tras las renuncias de Elena Highton de Nolasco en 2021 y Juan Carlos Maqueda a fines de 2024. El nuevo decreto busca destrabar las vacantes restantes.
