Microtráfico en la mira: Santa Fe busca destrabar los casos que quedan en un limbo judicial

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, llevará este martes al Congreso de la Nación una propuesta clave para modificar la distribución de competencias entre la Justicia federal y las provincias en materia de microtráfico de drogas. El objetivo: evitar que las causas por narcomenudeo queden atrapadas en un limbo judicial que frena las investigaciones.

La iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Asuntos Penales, busca ampliar la competencia provincial para perseguir los mercados locales de estupefacientes, con excepción de los casos que involucren un interés federal concreto. La medida apunta a cortar de raíz la fragmentación de las pesquisas y los vacíos de impunidad que hoy favorecen a las bandas dedicadas a la venta territorial de drogas.

¿Por qué el actual sistema genera un limbo?

Cococcioni cuestionó el criterio vigente en la legislación nacional, que vincula el microtráfico casi exclusivamente con la droga fraccionada para su venta directa. Esa interpretación estricta, según el funcionario, deja zonas grises sobre quién debe investigar cada caso. "Si es una bolsita es microtráfico, si es un cascotito ya es federal", ejemplificó el ministro en diálogo con LT10.

Esa ambigüedad provoca que las investigaciones contra estructuras criminales se fragmenten o deriven al fuero federal, incluso cuando las organizaciones operan principalmente en el territorio santafesino. "Los casos intermedios que no tienen esa gravedad, pero tampoco implican un microtráfico en una interpretación estricta actual, quedan como en un limbo que no se sabe quién los persigue", sostuvo.

¿Qué propone Santa Fe?

La provincia plantea una regla más amplia: que las provincias puedan investigar y perseguir penalmente los mercados locales de estupefacientes, salvo que exista un interés federal concreto. Quedarían bajo la órbita federal el tráfico internacional, los delitos interjurisdiccionales, el uso de vías aéreas o navegables, las fronteras internacionales y las estructuras alcanzadas por la ley antimafia.

Además, se contempla que el Ministerio Público Fiscal de la Nación y las fiscalías provinciales puedan acordar, en determinados casos, qué jurisdicción es la más adecuada para llevar adelante la investigación. "Lo que proponemos nosotros es dar más flexibilidad para que Fiscalía Federal con provincial se pongan de acuerdo en qué causas son estratégicas para el interés federal", explicó Cococcioni.

"La droga está ligada a la violencia"

Para el ministro, el debate va más allá de una cuestión de competencias. Se trata de dotar a la provincia de herramientas para combatir a las bandas que manejan la venta territorial de drogas y que muchas veces resuelven sus disputas a los tiros. "No estamos hablando de narcotráfico a gran escala internacional. Estamos hablando de venta en el territorio ligada a bandas criminales que después se disputan a los tiros una esquina para vender, un búnker, una familia contra otra", afirmó.

El funcionario remarcó que la posibilidad de investigar estos delitos es central para continuar con la reducción de los homicidios. "Donde hay tráfico de drogas, sea el paquete más chico o el paquete más grande, en Santa Fe la droga está ligada a la violencia", sostuvo.

¿Será obligatorio para todas las provincias?

Uno de los puntos centrales del proyecto es que la modificación no sería obligatoria. Cada jurisdicción podría decidir si adhiere al nuevo esquema. Así, una provincia que no cuente con la estructura necesaria podría mantener el sistema actual y dejar las investigaciones en manos de la Justicia federal.

Cococcioni mencionó como ejemplo a Córdoba, que ya tiene una fuerza policial especializada en la lucha contra el narcotráfico. "Esto sería opción de cada provincia", aclaró. En el caso de Santa Fe, el ministro destacó la solidez del sistema acusatorio provincial y los alrededor de 200 fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA). "Nosotros tenemos un sistema acusatorio mucho más asentado", señaló.

El objetivo: evitar los "vacíos de impunidad"

Otro de los problemas que busca resolver la propuesta es la demora que se produce cuando una causa pasa de una jurisdicción a otra sin que ninguna avance de manera efectiva. Según Cococcioni, aunque fiscales provinciales y federales coincidan sobre quién debería investigar, un juez puede declarar la incompetencia y remitir las actuaciones al fuero federal, generando demoras y fragmentaciones.

"Se dan esos vacíos de impunidad. Una causa parece que no la toma ni uno ni lo otro", afirmó. La propuesta busca mayor coordinación entre ambas jurisdicciones para definir quién lleva adelante cada investigación y evitar que los procedimientos queden paralizados.

"Necesitamos herramientas distintas"

Cococcioni rechazó la idea de que una mayor competencia provincial simplemente traslade el problema del narcotráfico de una provincia a otra. "Nosotros hoy tenemos un problema en ciertos enclaves ligados al comercio minorista o territorial de estupefacientes. Otras provincias pueden tener otros problemas ligados o no a este fenómeno", explicó.

El ministro reconoció que, pese a la fuerte caída de los homicidios en los últimos años, Santa Fe todavía está por encima de la media nacional. "Tenemos la cantidad de homicidios a un tercio de lo que había hace tres años, pero de todas maneras, habiendo bajado dos tercios, todavía estamos por encima de la media nacional", afirmó.

Por eso, desde el gobierno provincial consideran que ampliar las herramientas para investigar el narcomenudeo y las organizaciones criminales que operan en los barrios es una pieza clave de la política de seguridad.