Entre 200 y 300 imágenes por cada vaina: así trabaja el sistema que Mendoza acaba de respaldar con ley. Qué armas quedarán fichadas y cuáles no.
El Senado de Mendoza aprobó por unanimidad la Ley de Huella Balística, una iniciativa del Ejecutivo provincial que le pone marco legal al Laboratorio Provincial de Huellas Balísticas y crea el Banco Provincial de Perfiles Balísticos. El laboratorio ya funciona desde febrero de 2026 y ahora tendrá reglas escritas para sus procedimientos, la conservación de la información y el intercambio de datos con otras jurisdicciones.
La herramienta apunta a algo concreto: cruzar evidencias de distintos hechos delictivos para detectar si una misma arma aparece en más de una escena. Con esos datos científicos en mano, las autoridades judiciales y policiales podrán orientar investigaciones y encontrar conexiones entre episodios que, a primera vista, parecían aislados.
Cómo se identifica un arma
El sistema se apoya en el IBIS (Sistema Integrado de Identificación Balística), una tecnología que examina las marcas microscópicas que el arma imprime sobre las vainas y los proyectiles al disparar. Esas marcas operan como una huella: permiten comparar evidencias recolectadas en diferentes escenas del crimen y establecer si podrían provenir de un mismo fierro.
El salto de capacidad es notable. Los procedimientos anteriores lograban entre nueve y doce fotografías por vaina; la tecnología actual genera entre 200 y 300 imágenes. En los proyectiles, produce alrededor de 70 imágenes para estudiar las estrías que deja el disparo.
Los tiempos también se acortaron: los cotejos que antes demandaban hasta tres días hoy se resuelven en unas tres horas.
Qué armas entran al banco de datos
El corazón de la ley es el Banco Provincial de Perfiles Balísticos, que reunirá y conservará los registros obtenidos del análisis de armas, vainas servidas y proyectiles. La base incluirá los perfiles de armas secuestradas, incautadas, decomisadas, halladas o recuperadas; de las que pertenecen a la Policía de Mendoza; de las utilizadas por el Servicio Penitenciario Provincial; y de las empleadas por empresas de seguridad privada bajo control provincial.
Para los legítimos usuarios civiles, en cambio, la incorporación será voluntaria. Durante el debate quedó aclarado que no estarán obligados a registrarse en el laboratorio y que la normativa no crea nuevos trámites ni modifica las autorizaciones y registraciones que dependen de la autoridad nacional competente.
Con la sanción del Senado, el proyecto le da respaldo normativo a una herramienta que ya está en marcha en la provincia y amplía las chances de vincular investigaciones a través de la evidencia balística.
