Mendoza ya podía demoler aguantaderos, pero faltaba algo clave: ahora lo tienen
El programa ya llevaba 60 expedientes y 23 intervenciones, pero le faltaba un respaldo que la Legislatura acaba de darle: ahora el Gobierno podrá demoler propiedades vinculadas al delito sin depender de un decreto.
La Legislatura de Mendoza le puso sanción definitiva al régimen legal que permite intervenir inmuebles abandonados o usados para actividades delictivas, una herramienta que el Gobierno provincial ya venía aplicando de hecho desde 2025 pero que ahora queda consolidada como política pública permanente.
La norma, conocida como ley antiaguantaderos, faculta al Ministerio de Seguridad y Justicia a avanzar con tapeos, clausuras e incluso demoliciones sobre propiedades que funcionen como lugares de planificación de delitos, ocultamiento de bienes robados u otras actividades ilícitas.
Qué puede hacer el Gobierno con los inmuebles
El texto aprobado contempla distintas medidas según cada caso: desde el cerramiento o tapeo de accesos hasta la demolición parcial o total de la propiedad. La intervención se decide cuando el estado de abandono o el uso del inmueble representa un problema concreto para la seguridad pública.
Si el propietario se opone al procedimiento, la situación puede derivarse al Ministerio Público Fiscal para que intervenga. Así lo establece el marco sancionado por la Legislatura.
El senador provincial por San Rafael Leonardo Yapur explicó que la sanción otorga jerarquía legislativa a un programa que comenzó a implementarse durante 2025. Según detalló, desde su puesta en marcha la iniciativa acumula 60 expedientes tramitados y 23 intervenciones concretadas en distintas propiedades de la provincia.
Entre esas acciones se contabilizan 13 demoliciones y cuatro tapeos, parte de la estrategia para evitar que inmuebles abandonados o deteriorados terminen convertidos en refugios o puntos vinculados con el delito.
Los terrenos podrán recuperarse para uso comunitario
La normativa también prevé que el Gobierno provincial articule las intervenciones con los municipios. La idea es que, una vez recuperados los espacios, los terrenos se acondicionen y se destinen a usos comunitarios.
De esa manera, la ley antiaguantaderos busca no solo eliminar puntos asociados al delito sino también devolverle esos sectores a los vecinos, consolidando un mecanismo que ya venía aplicándose en Mendoza y dándole un marco legal permanente para futuras intervenciones.
