Mendoza se suma a una red nacional que rastrea armas usadas en delitos
Mendoza dio luz verde a un acuerdo que ya había firmado con Nación: ahora, la evidencia balística de los casos locales podrá cruzarse con bases de todo el país y hasta con Interpol. Un avance que busca dar respuestas más rápidas en causas con armas de fuego.
El Gobierno de Mendoza aprobó formalmente un convenio con Nación para potenciar el intercambio de información balística y sumarse al sistema federal que permite comparar evidencias de disparos. La firma, sin embargo, no es nueva: el acuerdo se rubricó en marzo, pero recién ahora el gobernador Alfredo Cornejo lo convalidó mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial.
Qué implica el acuerdo
El convenio fue suscripto el 20 de marzo entre el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza. Lo firmaron la ministra nacional, Alejandra Susana Monteoliva, y su par provincial, María Mercedes Rus. La novedad de esta semana es el Decreto 1792, fechado el 31 de agosto, con el que Cornejo dio el visto bueno definitivo.
Según explicaron desde el Gobierno provincial, la medida busca agilizar la investigación de delitos cometidos con armas de fuego. La complejidad del mercado ilegal y la urgencia por esclarecer hechos graves requieren, según el Ejecutivo, que los sistemas forenses de distintas jurisdicciones puedan trabajar en conjunto.
Qué es el sistema IBIS
Uno de los ejes centrales del acuerdo es la incorporación del Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS), una herramienta que permite cotejar la evidencia obtenida en una causa con información de otras bases. Mendoza fue, según los fundamentos del decreto, la única provincia que impulsó la implementación de este sistema en el ámbito de sus fuerzas policiales.
La conexión incluye a la Policía Federal Argentina, que administra la Base Central Nacional de Evidencia Balística a través del Sistema Nacional Automatizado de Identificación Balística (SAIB), y también a la red internacional de Interpol (IBIN).
En la práctica, el objetivo es que un casquillo o una bala hallada en una escena del crimen pueda ser contrastada con registros de otras provincias o países. Eso permitiría establecer, por ejemplo, si un mismo arma fue utilizada en diferentes hechos delictivos, un dato que suele ser clave para avanzar en las investigaciones.
El convenio se inscribe en una política de coordinación federal que, según el decreto, busca fortalecer la prevención del delito y mejorar las capacidades operativas de las fuerzas. La articulación entre los niveles provincial y nacional aparece como una herramienta central para enfrentar un problema que no entiende de límites jurisdiccionales.
