Mendoza adjudicó 1.200 cámaras por US$1,8 millones, pero el dato que más pesó no fue el precio: la herramienta de búsqueda que incluyó la oferta ganadora promete cambiar la forma de rastrear imágenes en los centros de monitoreo.
El Gobierno de Mendoza adjudicó la compra, instalación y puesta en funcionamiento de 1.200 cámaras de videovigilancia para reforzar el sistema de seguridad provincial. La contratación quedó en manos de Plettac Electronics Argentina S.A., por un monto total de US$1.804.000, equivalente a $2.733.060.000 al tipo de cambio oficial considerado en la licitación.
La decisión quedó establecida mediante el decreto N°2313 firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, luego del análisis técnico y administrativo de las distintas propuestas presentadas en la Licitación Pública N° 19/2026-116.
Qué equipos se van a instalar
El equipamiento estará compuesto por dos tipos de dispositivos. Por un lado, se adquirirán 800 cámaras PTZ para exteriores, que permiten realizar movimientos de giro, inclinación y zoom. Por otro, se incorporarán 400 cámaras fijas tipo Bullet, también destinadas a espacios exteriores.
La adjudicación corresponde a la oferta alternativa 2 de Plettac Electronics Argentina, cuya propuesta obtuvo uno de los puntajes más altos en la evaluación técnica y fue considerada la más conveniente para los intereses del Ministerio de Seguridad y Justicia.
El detalle de la inversión
De acuerdo con el detalle del decreto, la licitación contempla la compra de 800 cámaras de seguridad a un precio unitario de US$1.830. El costo total de ese componente asciende a US$1.464.000, equivalentes a $2.217.960.000.
Además, otras 400 cámaras fijas, con un valor individual de US$850. En este caso, el monto total será de US$340.000, equivalentes a $515.100.000.
En conjunto, la operación representa una inversión de US$1.804.000. Para establecer su equivalente en pesos se tomó como referencia el dólar oficial del Banco Nación del 20 de agosto de 2026, fijado en $1.515.
El decreto también autorizó un incremento presupuestario de $550.560.000 para atender los gastos de la contratación. Además, habilitó el pago de las diferencias de cambio que pudieran surgir entre la cotización utilizada para la adjudicación y la vigente al momento de cancelar la operación.
Un punto contemplado en la documentación es que los equipamientos serán facturados por Plettac Latam Group LLC, una firma con domicilio en Miami Beach, Estados Unidos, bajo la condición CIF Mendoza.
La tecnología que inclinó la evaluación
Uno de los aspectos que inclinó la evaluación a favor de Plettac sobre otras propuestas fue la tecnología incluida en su oferta alternativa. Según el informe de la Subsecretaría de Tecnología Aplicada a la Seguridad, la propuesta contempla una infraestructura de almacenamiento propio, distribuida entre los distintos centros de monitoreo de la provincia.
Esta arquitectura permitirá contar con mayor disponibilidad y redundancia de las grabaciones, es decir, disponer de respaldos distribuidos para reducir el riesgo de pérdida de información.
Además, incorpora una herramienta de análisis de video con capacidad de realizar búsquedas inteligentes mediante lenguaje natural. La funcionalidad permitirá localizar personas, vehículos u objetos de interés a partir de descripciones escritas por los operadores.
De acuerdo con la evaluación técnica, esta tecnología podría reducir los tiempos necesarios para encontrar imágenes específicas y agilizar las tareas de análisis e investigación forense.
Las otras propuestas que quedaron en el camino
El proceso licitatorio incluyó propuestas de distintas firmas del sector tecnológico. Sin embargo, varias fueron descartadas por no alcanzar los requisitos técnicos establecidos en el pliego o por obtener una calificación inferior en la grilla de evaluación.
Entre las empresas que participaron se encontraron Exanet, Elipgo, Sonda Argentina, Patagonia Green, Servicios de Comunicaciones (Sercom), Broda y Tarmaco Ingeniería.
El informe técnico identificó que algunas de ellas no cumplían con los requisitos fundamentales, mientras que aquellas que sí daban con los requisitos mínimos ofrecieron menores ventajas.
Finalmente, la Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y Justicia y Fiscalía de Estado intervinieron en el expediente y consideraron que estaban dadas las condiciones legales para avanzar con la adjudicación.
