Mendoza pone $430 millones en la playa de secuestros de San Martín: la obra que promete frenar un riesgo para los vecinos
La Provincia giró $430 millones para arreglar la playa de secuestros de San Martín. El decreto no habla solo de vehículos: menciona un problema que llega hasta las casas de los vecinos.
El Gobierno de Mendoza aprobó un subsidio de $430 millones a favor de la Municipalidad de General San Martín para intervenir la playa de secuestros del departamento, un predio que funciona como depósito judicial de vehículos y bienes vinculados a causas judiciales y administrativas.
La decisión quedó plasmada en el Decreto 2068, publicado este viernes en el Boletín Oficial. Los fondos se aplicarán a trabajos de infraestructura y adecuación funcional en la Playa de Secuestros Agte. C.C. Marcelo Osvaldo Vignaud Ortiz.
Qué problemas detectaron en el predio
De acuerdo con los fundamentos de la norma, el lugar arrastra deficiencias de infraestructura, seguridad y control. Esas falencias complican la custodia de los vehículos depositados y también las condiciones en que trabaja el personal policial y administrativo.
El decreto va más allá y advierte que la situación genera riesgos para los vecinos y las familias que viven en sectores linderos. El motivo principal es la falta de cerramientos adecuados y de condiciones mínimas de protección perimetral. Por eso, entre las tareas comprometidas, el municipio deberá ejecutar el cierre perimetral del predio.
Los plazos y el control del gasto
El subsidio tiene destino exclusivo: solo puede usarse para la obra prevista y deberá rendirse ante los organismos de control correspondientes. La Municipalidad de San Martín tendrá un plazo máximo de 180 días corridos, contados desde la transferencia efectiva de los fondos, para completar los trabajos.
Una vez vencido ese plazo —o antes, si los fondos se agotan primero—, el municipio contará con otros 60 días corridos para presentar la rendición documentada ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Desde el Ejecutivo provincial justificaron la intervención como una obra de interés público. La enmarcaron en la seguridad comunitaria, el ordenamiento del predio y la prevención de situaciones de riesgo en el entorno.
