Mendoza sumará 1.200 cámaras a su red de vigilancia, pero lo que realmente cambia el juego es lo que podrán hacer los operadores con las grabaciones: escribir una descripción y encontrar lo que buscan. La cifra que pagará la provincia por todo el paquete no es la que muchos imaginan.
El Ejecutivo provincial cerró la licitación para sumar 1.200 cámaras de videovigilancia al Ministerio de Seguridad y Justicia, en una operación que supera los $2.700 millones y que no se limita al equipamiento: también incluye almacenamiento propio y un sistema capaz de rastrear imágenes escribiendo una descripción.
La adjudicación quedó formalizada en el decreto 2313, que otorgó la compra a Plettac Electronics Argentina S.A. El paquete se reparte entre 800 cámaras PTZ —con movimiento y orientación— y 400 fijas tipo Bullet.
Cuánto cuesta cada equipo
Los valores unitarios fueron fijados en dólares: U$S 1.830 por cada PTZ y U$S 850 por cada Bullet. Sumando compra, instalación y puesta en marcha, el total asciende a $2.733.060.000, equivalentes a U$S 1.804.000.
La conversión se hizo con el dólar oficial del Banco Nación del 20 de agosto de 2026, a $1.515. Todo el equipamiento quedará bajo la órbita de la Subsecretaría de Tecnología Aplicada a la Seguridad.
Ocho ofertas y una elegida
Según el decreto, la evaluación técnica detectó que varias de las propuestas presentadas no cumplían con las condiciones de los pliegos. La comisión de preadjudicación recomendó la oferta de Plettac entre ocho competidores.
El criterio no fue solo el precio: pesaron el puntaje obtenido, el cumplimiento de los requisitos técnicos y las prestaciones extra, en particular la capacidad de almacenamiento distribuido y las búsquedas inteligentes sobre las grabaciones.
El Ejecutivo también autorizó un refuerzo presupuestario de $550.560.000 para cubrir el gasto y habilitó el pago de las diferencias cambiarias que aparezcan entre el tipo de cambio de la adjudicación y el vigente al momento de pagar.
Buscar sospechosos escribiendo
El informe técnico destaca una función que cambia la lógica del monitoreo: los operadores podrán ingresar descripciones en lenguaje natural para localizar personas, vehículos u objetos captados por las cámaras. La idea es acelerar el análisis y las investigaciones forenses.
En cuanto al hardware, ambas categorías cuentan con protección IP66 y antivandálica IK10, rango dinámico amplio (WDR) real de al menos 120 dB y capacidad para transmitir tres flujos de video simultáneos.
La oferta contempla además una infraestructura de almacenamiento propia, repartida entre los distintos centros de monitoreo de la provincia, para garantizar disponibilidad y redundancia de las grabaciones.
