Mendoza planea un cambio radical en las cárceles: uniformes naranja y sin zapatillas

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura busca terminar con la “permisividad” en la vestimenta de los detenidos, una medida que, de aprobarse, transformaría por completo la imagen del sistema penitenciario provincial. La iniciativa del senador Martín Rostand (Unión Mendocina) obligaría a todos los internos de cárceles, alcaidías y centros transitorios a usar uniformes de color naranja internacional, con el objetivo claro de evitar fugas y facilitar la identificación inmediata.

El legislador fundamentó la necesidad de esta reforma citando episodios recientes que expusieron graves fallas en la seguridad. Mencionó el caso de dos internos que escaparon de la Alcaidía de Tunuyán y lograron camuflarse entre la población civil durante casi un día completo. También recordó un incidente en el Hospital Central, donde un preso pudo desplazarse por los pasillos simulando ser un familiar de un paciente.

¿Por qué prohibir las zapatillas deportivas?

Uno de los puntos más llamativos del proyecto es la prohibición expresa del calzado deportivo de propiedad privada dentro de los penales. Según el senador Rostand, las zapatillas modernas, diseñadas para ofrecer tracción y velocidad, se han convertido en “herramientas de huida”.

Para reemplazarlas, la normativa propone la provisión de un calzado monomaterial de goma blanda y sin cordones. Este diseño, según se argumenta, dificultaría maniobras de escalada o carreras veloces, añadiendo una barrera física más a cualquier intento de evasión. Al ingresar a la unidad, toda la ropa civil del detenido sería inventariada y guardada en depósitos hasta su liberación.

¿Quién pagaría los nuevos uniformes?

El proyecto no solo cambia la indumentaria, sino también quién la financia. La iniciativa establece que serán los propios internos quienes asuman el costo de compra y reposición de sus uniformes y del calzado reglamentario.

El texto sostiene que el mantenimiento de este sistema no debe recaer exclusivamente sobre el contribuyente mendocino. El Ministerio de Seguridad y Justicia fijaría los precios de venta tomando como referencia los valores de producción mayorista, en lo que se describe como un mecanismo de “internalización de las cargas” por la situación procesal del detenido.

Mirando el ejemplo de otra provincia

La propuesta mendocina no es un salto al vacío; sigue el antecedente implementado en Santa Fe. En esa provincia, desde 2024, se utiliza el uniforme naranja para presos considerados de “alta peligrosidad”, especialmente aquellos vinculados al narcotráfico o al crimen organizado.

Al igual que en el caso santafesino, el proyecto mendocino contempla que el uso de esta indumentaria sea obligatorio en todo momento fuera de la celda, incluyendo traslados judiciales o sanitarios. Para evitar confusiones o suplantaciones, también se prohibiría el ingreso de visitantes vestidos con prendas de color naranja a las unidades penitenciarias.

El proyecto de ley ahora deberá recorrer el camino legislativo. De convertirse en ley, marcaría un antes y un después en la operatoria y la seguridad de los establecimientos penitenciarios de Mendoza, buscando que cualquier interno sea “fácilmente detectable” por efectivos, cámaras y ciudadanos.