Mendoza pagó una cifra millonaria por los inhibidores de Almafuerte: qué pasará con los celulares en las cárceles

El Gobierno de Mendoza oficializó la compra e instalación de un sistema de inhibición de señales de telefonía celular en los complejos penitenciarios Almafuerte I y II, una obra que demandará una inversión millonaria y que llega con años de demora respecto de lo que ordenaba la normativa provincial.

La contratación quedó formalizada a través del Decreto 2151, firmado el 7 de octubre por el Poder Ejecutivo y publicado este martes en el Boletín Oficial. La medida se concreta dos años después de que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ratificara la prohibición del uso de celulares dentro de los establecimientos carcelarios.

Quién se queda con el contrato y cuánto cuesta

La empresa adjudicataria es Cytric Solutions Argentina SRL, la única firma que se presentó a la licitación pública. El contrato asciende a 2.485.970 dólares, equivalentes a $3.753.814.700 según la cotización que utilizó el Gobierno provincial para la conversión.

El presupuesto que se había autorizado inicialmente era de $3.625 millones, por lo que la adjudicación final superó levemente el monto previsto. El pliego fija un plazo máximo de 120 días corridos, contados desde la notificación formal, para entregar, instalar y poner en funcionamiento todo el equipamiento.

Una prohibición que ya tiene años en la ley

La restricción para usar teléfonos celulares en las cárceles mendocinas no es nueva: está contemplada en el artículo 174 de la Ley provincial 8465, que además obliga a implementar mecanismos de bloqueo o inhibición de señales dentro de los penales.

Sin embargo, durante la pandemia se habilitó de manera excepcional el uso de dispositivos para que los internos pudieran comunicarse con sus familias, en un contexto de visitas presenciales suspendidas por las restricciones sanitarias.

El fallo de la Suprema Corte y el plan de Cornejo

El 7 de octubre de 2024, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ratificó la prohibición y le puso un plazo de seis meses al Ejecutivo para retirar los celulares de las cárceles. En la misma resolución, el tribunal ordenó restablecer las visitas presenciales y garantizar canales alternativos de comunicación a través de dispositivos administrados por el Servicio Penitenciario.

Más tarde, el 1 de abril de 2025, el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presentaron un plan de controles penitenciarios que incluía georreferenciación, bloqueo selectivo de señales, cámaras de videovigilancia y controles de acceso. Ese mismo año, el Gobierno informó que había secuestrado alrededor de 5.000 teléfonos celulares y anunció la incorporación de tecnología para inhibir comunicaciones dentro de los establecimientos.

Qué cambia con esta nueva adjudicación

El contrato recién adjudicado corresponde específicamente a un sistema fijo de inhibición para Almafuerte I y II. Eso deja abierto un interrogante: no queda claro cuál era el alcance real de los dispositivos incorporados antes ni qué sectores de los complejos ya contaban con bloqueo efectivo de señales.

La documentación publicada tampoco permite determinar si el nuevo equipamiento reemplazará a la tecnología existente o si, por el contrario, servirá para ampliar la cobertura a áreas que todavía quedaban sin inhibir.

El aval de ENACOM

A fines de septiembre de 2026, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) informó que Mendoza y Córdoba fueron autorizadas a implementar dispositivos para detectar y bloquear equipos móviles dentro de las cárceles.

La autorización, sin embargo, trae una exigencia técnica: deberán adoptarse medidas para evitar interferencias sobre las comunicaciones de las zonas residenciales y comerciales cercanas a los establecimientos penitenciarios.