Mendoza paga $16.175 por ración en las cárceles: por qué el contrato se estiró un año más

El Gobierno de Mendoza firmó una prórroga para seguir alimentando a los presos, al personal penitenciario y a los cadetes del Servicio Penitenciario Provincial. El Decreto 1930, que lleva las firmas del gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, quedó sellado el 15 de septiembre y se publicó este viernes 9 de octubre en el Boletín Oficial.

La cifra que mueve el expediente es contundente: cada ración cuesta $16.175,35 e incluye las cuatro comidas diarias. El contrato prevé la compra de dos millones de raciones por un total de $32.350.700.000, distribuidos entre los presupuestos de 2026 y 2027.

La prestación sigue en manos de CLISA Interior S.A., la misma firma que ya tenía adjudicada la provisión de alimentos para los establecimientos penitenciarios mendocinos.

Qué incluye cada ración

El precio unitario fue fijado según la última actualización de valores que el Ejecutivo provincial aprobó en abril de este año. El servicio garantiza cuatro comidas diarias para las personas privadas de la libertad.

Pero la contratación no se limita a los internos. También alcanza al personal penitenciario que cumple guardias de 12 y 24 horas, y a los cadetes que están bajo régimen de internado. Para quienes trabajan durante 12 horas se contempla media ración, mientras que los agentes con guardias de 24 horas reciben el racionamiento completo.

Cómo se reparte la plata

El decreto establece una distribución presupuestaria precisa. Para lo que resta de 2026 se prevé adquirir 564.024 raciones, por un importe de $9.123.285.608,40. Para 2027 quedaron reservadas otras 1.435.976 raciones, con una asignación de $23.227.414.391,60.

La medida consiste en una prórroga de la contratación directa que había sido adjudicada a CLISA Interior S.A. mediante el Decreto 914/2025, cuando se autorizó inicialmente la adquisición de cuatro millones de raciones.

Por qué se extendió el contrato

El contrato original contemplaba la posibilidad de extender el servicio por un año adicional, una alternativa prevista en el artículo 132 de la Ley Provincial 8706. Ante la proximidad del vencimiento, las autoridades penitenciarias pidieron usar esa opción y la empresa dio su conformidad.

En abril de 2026, mediante el Decreto 677, el Ejecutivo ya había aprobado un acuerdo de actualización de precios, reconocimiento de deuda y pago con la misma firma. El valor que surgió de aquella adecuación fue el que se usó para calcular el presupuesto de esta nueva etapa.

La extensión tendrá vigencia por un año o hasta que se consuman los dos millones de raciones, lo que ocurra primero. El decreto también habilita a modificar las imputaciones presupuestarias según la cantidad de alimentos que efectivamente se suministren.