Mendoza metió un aumento por decreto y dejó una pregunta sin responder

El Gobierno de Mendoza firmó el Decreto 1969 y los judiciales ya tienen aumento. Pero hay un detalle en la letra chica y un paso que todavía no se dio: ¿qué falta para que la suba quede firme?

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Mendoza metió un aumento por decreto y dejó una pregunta sin responder
Mendoza metió un aumento por decreto y dejó una pregunta sin responder

El Gobierno de Mendoza decidió avanzar por decreto y otorgar un aumento salarial a los empleados judiciales después de que las negociaciones paritarias con el gremio del sector terminaran sin acuerdo. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1969, fechado el 18 de septiembre de 2026.

La suba alcanza a los trabajadores incluidos en el régimen salarial 10, clases 8 a 23, y establece dos incrementos sobre la Asignación de Clase. El primero es del 7% para septiembre, mientras que en noviembre se sumará otro 4%.

¿Cómo se calculan los dos tramos?

Los dos porcentajes se calculan tomando como referencia la remuneración correspondiente a junio de 2026. De esta manera, el segundo tramo no se aplica sobre el salario ya actualizado en septiembre: ambos se determinan sobre la misma base, lo que representa una mejora equivalente al 11% de esa asignación de referencia.

La decisión llegó después de las audiencias paritarias realizadas el 12 y el 24 de junio, en las que el Ejecutivo provincial negoció con la Asociación Gremial Empleados y Funcionarios Judiciales del Poder Judicial de Mendoza. Según consta en el decreto publicado por el Gobierno, el sindicato rechazó las propuestas presentadas al considerar que no alcanzaban para atender el reclamo salarial de sus representados.

Ante la falta de consenso, el Ejecutivo decidió avanzar de manera unilateral. En los fundamentos de la norma señaló que otros sectores de la Administración Pública provincial sí habían cerrado sus negociaciones y sostuvo que mantener a los judiciales sin una actualización generaría una diferencia respecto de esos trabajadores.

El paso que falta

El decreto también habilita al Ministerio de Hacienda y Finanzas a realizar los movimientos presupuestarios necesarios para cubrir el costo de los incrementos. El beneficio se limita expresamente a los empleados judiciales incluidos dentro de las clases contempladas por la medida.

La decisión del Ejecutivo todavía tiene una instancia institucional pendiente. El Decreto 1969 fue dictado ad referéndum de la Legislatura de Mendoza.

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