Mendoza logró media sanción para compensar deudas con la Nación: ¿cuánto recibirá y qué reclamos deja en el camino?

La Cámara de Diputados dio luz verde al acuerdo entre Mendoza y la Nación que permite compensar deudas y reconocer acreencias a favor de la Provincia. El oficialismo celebra un alivio financiero de más de $7.600 millones, mientras la oposición denuncia que se abandonan demandas clave contra el Estado nacional.

¿Qué implica el convenio de compensación de deudas?

El entendimiento, que ahora pasará al Senado, establece un mecanismo para cancelar obligaciones recíprocas entre ambas jurisdicciones. En concreto, se compensarán créditos y deudas existentes, y el saldo resultante se pagará según un nuevo cronograma.

Los conceptos que Mendoza no deberá devolver incluyen fondos del Consenso Fiscal, obras de vivienda ejecutadas por la Provincia y trabajos realizados sobre las rutas nacionales 40 y 143, financiados con el Fondo del Resarcimiento. En total, suman $121.282 millones que quedarán en manos provinciales.

El resto, unos $212.000 millones, se abonará en cuotas. Según explicó la diputada radical Elisabeth Crescitelli, la Provincia pudo acceder a este régimen tras recibir un anticipo de coparticipación de más de $325.000 millones, con una tasa fija anual del 15%. Ese dinero permitió incorporar acreencias que Mendoza ya reclamaba por vía administrativa y judicial.

Rutas nacionales: el corazón del acuerdo

Uno de los puntos centrales es el reconocimiento de las inversiones que Mendoza hizo con fondos propios en rutas nacionales. El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, había adelantado que Vialidad Nacional reconoce unos $80.000 millones por esas obras.

La Provincia continuó trabajando en esas rutas aunque la responsabilidad de financiamiento era del Gobierno nacional. Este acuerdo también se conecta con el plan de Mendoza para instalar peajes en esas vías y generar recursos para su mantenimiento.

El oficialismo defiende el beneficio para la Provincia

Los bloques que acompañaron el proyecto destacaron el reconocimiento de acreencias y el ordenamiento de las cuentas. Crescitelli pidió un análisis “objetivo y técnico” y defendió que el saldo se amortice entre 2026 y 2027.

“Es un paso adelante para la Provincia”, afirmó el radical Alberto López. Su compañero Franco Ambrosini agregó que el Gobierno de Mendoza está defendiendo los intereses provinciales. Desde el PRO, Jimena Cogo reconoció que se desiste de acciones judiciales ante la Corte Suprema, pero remarcó el “costo de oportunidad” de esperar un fallo.

Jorge Difonso, de LUM, sostuvo que a los ciudadanos les importa que las obras se hagan, sin importar qué jurisdicción aporte los fondos. Nicolás De Pedro, de La Libertad Avanza, vinculó el acuerdo con “orden, responsabilidad fiscal y previsibilidad”.

La oposición advierte por el patrimonio provincial

Los votos en contra cuestionaron el impacto patrimonial y el abandono de dos demandas contra la Nación. El diputado del PJ Germán Gómez afirmó que el acuerdo no defiende los intereses de Mendoza, sino que ayuda a sanear las cuentas nacionales.

Lucas Ilardo, de Fuerza Patria, criticó el desistimiento de acciones por fondos coparticipables y recursos federales. Gabriela Lizana, del Frente Renovador, dijo que la Provincia queda “totalmente resignada a las políticas nacionales”. Verónica Valverde advirtió que esas causas judiciales podrían haber traído más recursos para viviendas, rutas y escuelas.

¿Qué falta para que el acuerdo entre en vigencia?

Con la media sanción de este miércoles, el proyecto debe ser aprobado por el Senado. La ratificación legislativa es el paso necesario para implementar el convenio.

Además, el acuerdo deja abierta la posibilidad de sumar nuevas acreencias provinciales en el futuro, bajo el mismo Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. Así, Mendoza podría volver a utilizar este mecanismo para otros reclamos frente al Estado nacional.