Mendoza debe $1,29 billones: el informe que revela quién tiene la llave de la caja

El Consejo Empresario Mendocino (CEM) difundió su último informe de Deuda Pública y la foto al cierre del primer semestre de 2026 deja un dato central: la deuda total de la Administración Central de Mendoza llegó a $1,29 billones, unos USD 872 millones. La deuda consolidada —la que está formalizada en bonos y préstamos— suma $1,14 billones, equivalentes a USD 775 millones.

El documento, firmado por el presidente del CEM Martín Calzetta, la gerente general Silvia Jardel y el asesor económico Gustavo Rivarola, analiza la evolución de los compromisos provinciales entre diciembre de 2014 y junio de 2026, sobre la base del último dato oficial publicado por el Ministerio de Hacienda.

A quién le debe Mendoza

La mayor parte de la deuda consolidada está en manos de tenedores de bonos: concentran el 72% del total. De ese porcentaje, 41% corresponde a bonos emitidos en pesos y 31% a títulos denominados en dólares. Los organismos multilaterales de crédito representan otro 23%, mientras que el 5% restante se reparte entre el Banco Nación, el Gobierno Nacional y otros acreedores.

En montos comparables, a junio de 2026 los bonos en pesos representaban unos USD 321 millones y los bonos en dólares USD 239 millones. A eso se sumaban USD 178 millones con organismos multilaterales, USD 20 millones con el Banco Nación, USD 16 millones en otras obligaciones en pesos y alrededor de USD 2 millones con el Gobierno Nacional.

Entre los acreedores internacionales aparecen el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con unos USD 149 millones, y el Banco Mundial, con USD 30 millones. Ambos financian principalmente programas de infraestructura.

El otro componente de peso es el Bono Mendoza 2029, hoy la principal obligación provincial en dólares, con un capital pendiente de USD 239 millones. El título nació de una reestructuración de compromisos anteriores: el endeudamiento lo tomó la gestión de Alfredo Cornejo a comienzos de 2016 y fue refinanciado por el gobierno de Rodolfo Suarez durante la pandemia.

La deuda bajó, pero hay una señal de alerta

El informe destaca una reducción significativa del endeudamiento según todos los métodos de medición. En pesos constantes, la deuda total es 44% menor que en diciembre de 2014 y 63% inferior a la de fines de 2020. En dólares, los USD 872 millones actuales están 34% por debajo de 2014 y 55% debajo del máximo de USD 1.924 millones alcanzado en 2017. Sin embargo, medida en dólares, la deuda es mayor que en 2023, cuando equivalía a USD 772 millones.

La comparación con el tamaño de la economía provincial marca la misma tendencia: en 2020 la deuda equivalía al 15,4% del Producto Bruto Geográfico de Mendoza y para 2025 había bajado al 5%. La deuda por habitante quedó en unos USD 423, frente a USD 721 en 2014 y USD 1.007 en 2017.

El CEM vincula esa evolución con el desempeño fiscal. El aumento de la deuda entre 2014 y 2017 respondió a la necesidad de financiar déficits corrientes y operativos acumulados; el ordenamiento fiscal iniciado en 2016 y la recuperación del ahorro corriente desde 2018 redujeron las necesidades de financiamiento y acompañaron la baja del stock de deuda.

Por eso, el informe pone la lupa en un dato: la caída del ahorro corriente del 14,8% de los recursos corrientes en 2024 al 5,9% en 2025. Para el CEM, es “una señal de atención y un indicador a monitorear hacia adelante”.

Perfil sostenible y margen para invertir

El documento sostiene que la deuda provincial presenta un perfil sostenible: su disminución produjo un efecto patrimonial positivo y fortaleció la posición financiera de la Provincia, con una incidencia decreciente de los servicios de deuda sobre los recursos corrientes. Respecto de las obligaciones en dólares, señala que Mendoza cuenta con regalías que le permiten afrontar sin sobresaltos los pagos, en particular el servicio del Bono Mendoza 2029.

Hacia adelante, el CEM plantea que un escenario de crecimiento económico con menor riesgo país y costo de financiamiento debería fortalecer aún más la sostenibilidad y mejorar el acceso al crédito. También remarca que la política fiscal debe compatibilizar tres objetivos: preservar la sostenibilidad financiera del Estado, cumplir con sus funciones esenciales e impulsar la competitividad de la economía.

El informe cierra con una lectura hacia el futuro: el desendeudamiento de los últimos años recuperó margen financiero para, eventualmente, financiar obras de infraestructura y proyectos estratégicos que acompañen la transformación productiva de Mendoza, con un uso prudente de la deuda pública orientado a ampliar la capacidad productiva, mejorar la infraestructura y la logística, fortalecer el capital humano y empresarial y promover la competitividad de sectores y clústeres con potencial de crecimiento.