Mendoza debate un cambio clave en las regalías del petróleo: qué busca el Gobierno

El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura un proyecto para reformar la ley de Hidrocarburos y este martes arrancó el debate en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. La iniciativa cambia de raíz el esquema de regalías y suma reglas para la explotación no convencional.

Funcionarios del Ministerio de Energía y Ambiente expusieron ante las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Economía y Hacienda. El subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini, el director de Hidrocarburos, Lucas Erio, y el director de Asuntos Jurídicos, Bruno De Pasquale, detallaron los principales lineamientos de la norma.

"El principal objetivo es actualizar la normativa a las necesidades actuales, saber dónde está parada la industria mendocina, entendiendo que es una industria que está pasando por una gran reconversión y en la que Mendoza debe proyectarse para los próximos 50 años", afirmó Sánchez Bandini.

La regalía ya no será un número fijo

Hoy la ley fija una regalía general del 12% sobre la producción y permite bajarla hasta el 5% según las características de cada proyecto. El nuevo esquema propone una referencia del 15% y que las empresas oferten un porcentaje mayor o menor al competir por cada área en la licitación.

Así, la regalía dejará de estar atada rígidamente a la ley y se definirá según la oferta. Erio remarcó la necesidad de contemplar las particularidades de cada yacimiento: "La provincia tiene dos cuencas principalmente, una del norte (cuyana), y una del sur (neuquina), que atraviesa circunstancias totalmente diferentes en lo que respecta a su producción. Buscamos tener la mayor cantidad de herramientas para poder maximizar la producción de ambas y en simultáneo, y todo ello, teniendo en cuenta que tenemos petróleos convencionales, primarios, secundarios y hasta terciarios, petróleos no convencionales, e inclusive minería".

De Pasquale explicó que el objetivo es incentivar la actividad para que más inversión y producción se traduzcan en mayores ingresos para la provincia. La apuesta oficial es que el crecimiento de la industria incremente las regalías y, con ellas, los recursos coparticipables.

Incentivos y canon

Para adjudicar cada área también se evaluarán el valor total del proyecto, la producción prevista y las inversiones comprometidas, con el monto de inversión como factor de peso, según el Ejecutivo.

El proyecto prevé reducciones de regalías para reactivar pozos inactivos, para exploración complementaria, para producción de crudos pesados y para proyectos de recuperación mejorada. En esos casos, los porcentajes podrían incluso quedar por debajo del 5% con fundamento técnico.

También se podrá compensar parcialmente el canon de explotación cuando una compañía haga nuevas inversiones de riesgo exploratorio, siempre que invierta al menos el doble del monto que busca compensar. En los permisos de exploración, el canon de una prórroga podrá reducirse hasta un 80%.

Vaca Muerta desembarca en la ley mendocina

Uno de los cambios centrales es la incorporación de las concesiones de explotación no convencional, una figura que la ley de 2006 no contemplaba. La reforma habilita la reconversión de concesiones hacia ese régimen conforme a la legislación nacional y crea un marco provincial específico para proyectos no convencionales.

El punto tiene especial relevancia para Malargüe y la lengua mendocina de Vaca Muerta, donde desarrollar los recursos exige inversiones intensivas, plazos más largos y condiciones distintas a las de un yacimiento convencional maduro.

Más obligaciones ambientales y multas atadas a la nafta

La iniciativa refuerza las responsabilidades ambientales durante todo el ciclo de vida de los yacimientos, desde la exploración hasta el cierre y abandono definitivo. Las empresas deberán prevenir y mitigar impactos, hacer los monitoreos y restaurar el ambiente cuando sea necesario.

Además, se establece que la salida de una operadora de un área no extingue las obligaciones ambientales que generó mientras operó. Cada dos años deberán presentar una Declaración Jurada de Buenas Prácticas de carácter público, con información sobre comunidad, ambiente, capacitación laboral, proveedores locales, transparencia, integridad, higiene y seguridad.

La reforma también reemplaza el sistema de multas en pesos, cuyos montos quedaron desactualizados. Las nuevas sanciones se calcularán tomando como referencia el precio de la nafta súper y las infracciones se clasificarán en leves, graves, muy graves y gravísimas.

Por último, se crea una Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera para financiar inspecciones, fiscalización, equipamiento y fortalecimiento técnico. No podrá superar el 0,8% del monto de regalías y/o cánones de cada actividad.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Dirección de Hidrocarburos, que controlará la producción y el cumplimiento de las obligaciones de las operadoras, y supervisará los pozos desde su perforación hasta su abandono definitivo junto a la autoridad ambiental.