Mendoza da de baja leyes de los 90: entre ellas, la que regula la venta de alcohol en sachets

El oficialismo mendocino sumó un nuevo capítulo a su cruzada por despejar el andamiaje legal de la provincia. Esta vez, la cuarta etapa de la Ley Hojarasca apunta a 137 leyes sancionadas entre 1991 y 1999 que, según el análisis técnico, ya no producen efectos concretos o quedaron sepultadas por normas posteriores.

El proyecto ya está en el Senado y forma parte de un proceso que viene de atrás: en agosto pasado se aprobó la tercera etapa, que eliminó 133 normas de entre 1976 y 1990. Antes, la primera etapa había dado de baja 75 leyes (1896-1950) y la segunda, 91 (1951-1975).

Para armar este cuarto listado se revisaron 383 normas. Desde el Senado explicaron que el objetivo es "contar con un sistema normativo más ordenado, claro y accesible" y que el análisis permitió detectar que "una parte significativa de las normas sancionadas durante la década de 1990 ya no produce efectos jurídicos concretos o responde a situaciones que dejaron de existir".

Las leyes que quedarían en el olvido

El proyecto contempla derogaciones de distinto tipo: planes de obra ya ejecutados, programas temporales que cumplieron su ciclo, normas reemplazadas por marcos provinciales o nacionales más amplios y disposiciones que el paso del tiempo volvió anacrónicas. Entre estas últimas aparecen las referidas a la impresión y distribución de ejemplares en papel, la telefonía fija, las guías telefónicas y los sistemas de registro y gestión que fueron reemplazados por herramientas digitales.

El listado incluye algunas perlitas que retratan otra época. Por ejemplo, la Ley N° 5700 establecía aumentos salariales para agentes provinciales y municipales con montos expresados en australes, una moneda que dejó de existir hace décadas. También la Ley N° 6733, sancionada para prevenir el temido "efecto 2000" o Y2K, un problema informático que nunca llegó a desatarse y cuyo objetivo quedó cumplido una vez superada aquella contingencia tecnológica.

Otras normas que se buscan eliminar:

Telefonía fija y facturación discriminada (Ley N° 6073): regulaba el detalle de llamadas en la facturación de telefonía fija y exigía incluir el texto de la ley en las guías telefónicas impresas.

Campañas sanitarias en facturas de servicios (Ley N° 5746): disponía la inclusión de mensajes de prevención y educación sanitaria en las boletas impresas de servicios públicos.

Pirotecnia de uso doméstico (Ley N° 5956): prohibía la fabricación de pirotecnia doméstica, pero sus disposiciones fueron posteriormente reemplazadas por un régimen provincial más amplio establecido por la Ley N° 8632.

Salas de videojuegos, flippers y pool (Ley N° 5812): establecía requisitos específicos para estos establecimientos, incluidos aspectos de infraestructura y distancias.

Juegos con fichas o cospeles (Ley N° 5774): regulaba los locales de juegos mecánicos y electrónicos que utilizaban fichas o cospeles.

Venta de alcohol en envases plásticos (Ley N° 6393): prohibía la comercialización de bebidas alcohólicas en sachets o determinados envases plásticos.

Producción cinematográfica en celuloide (Ley N° 6012): establecía un fondo de fomento para películas realizadas en soporte fílmico tradicional.

Libreta Única del Cosechador (Ley N° 6222): imponía el uso obligatorio de una libreta física para trabajadores de viñas y frutales.

Comités Locales de Emergencia Hidráulica (Ley N° 5823): creó estructuras locales para atender determinadas contingencias aluvionales. Sus funciones fueron posteriormente absorbidas por organismos permanentes vinculados con la gestión de emergencias y el manejo hídrico.

Donación de órganos en el carnet de conducir (Ley N° 5647): regulaba la manifestación de voluntad de donar órganos mediante el carnet de conducir. Según los fundamentos, quedó desplazada por la legislación nacional posterior sobre trasplantes.

Qué es la Ley Hojarasca

La Ley Hojarasca es un proceso de revisión integral del sistema normativo provincial que busca depurar el marco legal vigente. La iniciativa es impulsada por la vicegobernadora Hebe Casado, en sintonía con el barrido que a nivel nacional encabezó el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger.

El trabajo implica revisar cada norma de manera individual, determinar su vigencia y analizar si sus disposiciones siguen teniendo aplicación efectiva, si fueron modificadas o reemplazadas por legislación posterior, si cumplieron el objeto para el que fueron sancionadas o si quedaron desactualizadas frente a los cambios tecnológicos y sociales.

Ese relevamiento fue realizado por la Secretaría Legislativa del Senado de manera articulada con las distintas áreas y con el Poder Ejecutivo, para que cada propuesta de derogación responda a un análisis técnico y jurídico previo.

Foto: Cristian Lozano