Mendoza cambia las reglas de los sumarios a estatales: lo que se viene para los agentes

El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura un proyecto de ley para reformar el Régimen Disciplinario de la Administración Pública. La iniciativa busca acortar los tiempos de los sumarios, sumar herramientas digitales y reordenar quién investiga cada falta cometida por agentes estatales.

El texto propone reemplazar el esquema vigente de la Ley 9.103 y, según explicó el Ejecutivo, nace de la experiencia acumulada desde que esa norma empezó a aplicarse.

Una oficina con más poder para investigar

Uno de los ejes de la reforma es el fortalecimiento de la Oficina General de Sumarios. Tendrá autonomía técnica y funcional, y concentrará las investigaciones que requieran una intervención especializada.

Funcionarios, agentes y organismos públicos quedarán obligados a colaborar con sus requerimientos. La Oficina también podrá iniciar de oficio informaciones sumarias cuando tome conocimiento de hechos que eventualmente puedan constituir una falta disciplinaria.

Qué pasa con las faltas leves y las graves

El proyecto reparte las competencias según la naturaleza y la gravedad de las faltas. Las infracciones de menor entidad podrán ser investigadas y resueltas directamente por las reparticiones donde se desempeña el agente involucrado, siempre garantizando el derecho de defensa.

En cambio, la Oficina General de Sumarios se hará cargo de los expedientes que, por sus características o complejidad, necesiten una investigación especializada.

La propuesta incorpora además un procedimiento especial para ciertas causales objetivas de cesantía: inasistencias injustificadas, abandono de servicio y acumulación de sanciones de suspensión. Para usarlo, los hechos deberán estar acreditados con documentación o registros oficiales, y el trabajador tendrá una instancia para defenderse.

Otro de los cambios apunta a evitar investigaciones paralelas cuando exista una vinculación entre los hechos analizados. También se suman mecanismos alternativos para cerrar algunos procedimientos, como la suspensión del sumario a prueba y el sumario abreviado, siempre que las características del caso lo permitan.

Notificaciones por Mendoza por Mí y audiencias virtuales

La digitalización ocupa un lugar central en la reforma. Las citaciones y notificaciones se harán prioritariamente a través de Mendoza por Mí (M×M). También podrán usarse otros medios electrónicos, siempre que permitan acreditar el envío, la recepción y el contenido de la comunicación.

Además, podrán realizarse audiencias virtuales cuando esa modalidad facilite la participación de los involucrados o agilice el trámite. Esas instancias deberán quedar registradas e incorporadas al expediente electrónico. El objetivo oficial es reducir tiempos y costos, y mejorar la trazabilidad de las actuaciones administrativas.

Qué garantías mantienen los empleados públicos

Pese a los cambios en los procedimientos, la propuesta conserva principios como el debido proceso, el derecho de defensa, la imparcialidad, la transparencia, la legalidad y la proporcionalidad de las sanciones.

También establece que la apertura de un sumario no tendrá efectos sobre la carrera administrativa del agente involucrado, que será considerado inocente hasta que exista una resolución que determine responsabilidad disciplinaria.

En cuanto a los plazos, las informaciones sumarias tendrán 30 días, con una única prórroga por otros 30 días ante circunstancias excepcionales debidamente fundamentadas.

El proyecto mantiene las sanciones de apercibimiento, suspensión, cesantía y exoneración. Para definir cuál corresponde se considerarán, entre otros elementos, la gravedad de la falta, el perjuicio ocasionado, la jerarquía del agente y sus antecedentes.

Con la reforma, el Ejecutivo busca que las investigaciones disciplinarias se resuelvan en plazos más acotados y que se determine con mayor rapidez si existe o no responsabilidad administrativa, sin eliminar las garantías previstas para los trabajadores estatales.