Mendoza blindó la minería con un tratado y dos gigantes canadienses pusieron el ojo en el sur
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Mendoza blindó la minería con un tratado y dos gigantes canadienses pusieron el ojo en el sur

Mendoza firmó un tratado del cobre con otras provincias y sumó a Santa Fe como proveedor industrial. Pero la noticia que mira el sur son dos: una gigante canadiense compró un área en San Rafael y otra firma se quedó con un yacimiento aurífero paralizado desde 2007. Qué falta para que puedan empezar.

Mendoza dejó de jugar sola. Este jueves, en la apertura de la II Cumbre Internacional de Minería Sostenible Mendoza 2026, la provincia avanzó en dos frentes simultáneos: tejer alianzas con otras jurisdicciones para conformar un bloque federal y seducir capitales dispuestos a reactivar proyectos de cobre y oro en el sur mendocino, todo bajo el marco de la Ley 7722.

La jornada inaugural sirvió para mostrar una estrategia de doble vía: integración política y productiva hacia adentro del país, y captación de inversiones nacionales e internacionales hacia afuera.

El tratado del cobre que unió a la cordillera

El movimiento institucional más relevante fue la rúbrica del Tratado Interprovincial de Creación de la Región Minera del Cobre. Lo firmaron el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, su par sanjuanino Marcelo Orrego y el jujeño Carlos Sadir, en una actividad moderada por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

El acuerdo suma a Salta y Catamarca, cuyas incorporaciones se completarán cuando sus mandatarios suscriban el documento. El bloque apunta a coordinar exploración, extracción, industrialización y comercialización del mineral. Para ponerlo en marcha se creó el Comité Regional del Cobre, integrado por las máximas autoridades mineras de cada distrito, que deberá articular demandas conjuntas ante el Gobierno nacional y ser ratificado por las legislaturas provinciales.

La mesa cordillerana recibió además un socio inesperado de la pampa húmeda. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó con Cornejo un convenio de cooperación industrial y transferencia tecnológica para que unas 250 empresas santafesinas nucleadas en su Mesa de Gas, Petróleo y Minería se integren como proveedoras de bienes y servicios.

«Santa Fe no tiene cordillera, pero es el socio estratégico que necesita la cordillera», resumió Pullaro.

Cornejo puso el acento en lo que viene después de la inversión: «Tenemos una gran responsabilidad para que esas grandes inversiones derramen sobre nuestras comunidades, para que logremos tener a nuestra gente capacitada, fuentes de financiamiento para las empresas locales y un desarrollo de proveedores bien preparado». Orrego, en tanto, habló de construir confianza con «seguridad jurídica, estabilidad fiscal y previsibilidad», y Sadir destacó que en Jujuy la actividad ya genera más de 10.000 empleos directos e indirectos.

Financiamiento, logística y educación: la letra chica del bloque

La visión regional tuvo su correlato técnico en el panel «Argentina minera: la visión de las provincias», donde Latorre compartió escenario con José Gómez (Jujuy), José Ignacio Lupión (Salta), Juan Pablo Perea (San Juan) y Teresita Regalado (Catamarca).

La ministra mendocina advirtió sobre el costo de la fragmentación: «Si no entendemos que esto es una industria regional, vamos a estar duplicando esfuerzos y dilatando el objetivo de dejar de ser un país con provincias mineras para pasar a ser un país minero». También pidió planificar de forma sistémica corredores logísticos, energía y capacitación laboral, con la mirada puesta incluso en Chile y Perú.

En el plano financiero, Latorre presentó dos herramientas para destrabar el capital de riesgo en etapas tempranas: la iniciativa Puente Andino (Andean Bridge), que conecta proyectos regionales con la Bolsa de Toronto, BYMA y la Bolsa de Valores de Mendoza, y la creación de un fondo cerrado de inversión para canalizar capital privado hacia la exploración, con una cartera de 80 proyectos bajo evaluación.

El sanjuanino Perea eligió otro eje: el arraigo territorial mediante aulas híbridas de formación técnica. «Cuando un yacimiento se termina, el activo que queda en una provincia, aparte de la infraestructura, es la educación», sostuvo.

Teck Resources desembarca en San Rafael y Patagonia Gold compra Don Sixto

El respaldo institucional llegó acompañado de dos anuncios de inversión concretos en el sur provincial, orientados a diversificar la matriz productiva en cobre y oro.

El primero tiene como protagonista a la canadiense Teck Resources, que atraviesa un proceso de fusión con Anglo American y quedaría entre los cinco mayores productores mundiales de cobre. La firma adquirió el proyecto de exploración Barroso-Montura, un área de unas 13.500 hectáreas en San Rafael, en una franja geológica de alto potencial cuprífero lindante al mega yacimiento chileno El Teniente.

Para Cornejo, la llegada de una compañía de ese tamaño «es una muestra concreta de confianza en la estabilidad, la seguridad jurídica y el rumbo que venimos sosteniendo».

El segundo movimiento lo encabezó Patagonia Gold, de capitales argentinos y con más de 25 años de trayectoria en el país. La compañía firmó un acuerdo definitivo con Pan American Silver para comprar el histórico proyecto aurífero Don Sixto (ex La Cabeza), en Agua Escondida, Malargüe. Descubierto en 1996, el yacimiento está paralizado desde 2007, cuando se sancionó la Ley 7722.

«Esta empresa conoce perfectamente la exigente legislación ambiental mendocina y toma el compromiso de estudiar las alternativas técnicas que permitan desarrollar el proyecto en ese marco», celebró el mandatario.

El filtro ambiental que todavía falta atravesar

Ni el Gobierno provincial ni las empresas hablaron de operaciones inmediatas. Las adquisiciones no habilitan por sí solas el inicio de los trabajos en el terreno: el paso a la exploración metalífera queda supeditado al cumplimiento estricto de la normativa mendocina.

Teck Resources y Patagonia Gold deberán presentar sus Informes de Impacto Ambiental (IIA) ante la Autoridad Ambiental Minera. Eso abrirá una evaluación técnica interdisciplinaria con intervención de organismos como el Departamento General de Irrigación y los municipios involucrados.

Si obtienen la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), los proyectos deberán respetar las restricciones químicas de la Ley 7722 y pasar por la Legislatura provincial para su ratificación por ley, la instancia final antes de que las tareas exploratorias puedan ponerse en marcha.

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