Mendoza baja la edad de imputabilidad: qué pasará con los chicos de 14 años desde septiembre

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presentó el proyecto que adecúa la provincia al nuevo Régimen Penal Juvenil nacional. Desde el 5 de septiembre, los adolescentes de 14 años en adelante podrán ser investigados y eventualmente condenados por cualquier delito.

La iniciativa, que ya comenzó a debatirse en la Legislatura, modifica la intervención policial, judicial y socioeducativa. También incorpora un nuevo Código Procesal Penal Juvenil para Mendoza.

¿Qué propone la reforma?

El proyecto fue elaborado por los ministerios de Seguridad y Justicia y de Educación, Cultura, Infancias y DGE. Cuenta con más de 110 artículos y se organiza en dos ejes principales.

Por un lado, reorganiza los dispositivos del Poder Ejecutivo para el seguimiento de menores en conflicto con la ley. Por otro, agrega como anexo un código procesal específico.

La vicegobernadora Hebe Casado destacó la rapidez con la que Mendoza implementará el régimen nacional. “Buscamos incorporar los cambios beneficiosos de la nueva legislación”, sostuvo.

¿Cómo actuará la Policía con los menores?

La intervención con chicos de 14 y 15 años será similar a la que ya se aplica con los de 16 y 18. Si un adolescente es aprehendido en la vía pública, deberá ser llevado a una dependencia policial para su identificación y luego trasladado a la Unidad de Procedimientos y Abordaje de Niñez y Adolescencia (Upana).

Rus aseguró que se garantizará que los menores de 14 y 15 años permanezcan separados de los de 16 y 17, tanto en el primer abordaje como ante una eventual privación de la libertad.

El nuevo código también regulará la prisión preventiva, los delitos en flagrancia y la intervención de fiscales especializados. Además, el juicio por jurados no aplicará para adolescentes.

¿Todos los delitos tendrán respuesta judicial?

Uno de los cambios centrales es que los jóvenes de 14 y 15 años dejarán de ser considerados inimputables. Hasta ahora, si un menor de 16 cometía un delito, podía investigarse el hecho pero no su responsabilidad penal.

A partir de septiembre, el fiscal penal juvenil podrá investigar al adolescente como persona penalmente responsable. La normativa nacional comprende todos los delitos, no solo los graves.

“Cualquier delito cometido por un joven va a ser pasible de un proceso. Eso no quiere decir que vaya a tener una pena privativa de la libertad, pero sí que habrá un proceso”, aclaró Rus.

Educación y capacitación como penas alternativas

El Gobierno provincial sostiene que la prisión será el último recurso. El eje estará en medidas alternativas como terminar la escuela secundaria, aprender un oficio o realizar una capacitación laboral.

Para controlar el cumplimiento, se incorpora la figura de un supervisor que seguirá la evolución del adolescente. Si incumple reiteradamente, el juez podrá avanzar hacia una sanción más severa.

“La figura del supervisor estará encargada de controlar que ese joven termine sus estudios, adopte un oficio o haga una capacitación laboral. Son penas que puede imponer el juez como condena”, señaló la ministra.

El propósito no será únicamente castigar, sino “cortar el circuito delictivo” y reinsertar socialmente al adolescente.

¿Cuántos jóvenes están involucrados en delitos?

Durante 2025, Mendoza registró 511 jóvenes de entre 16 y 18 años en conflicto con la ley penal. De ese total, 46 recibieron una pena privativa de la libertad, es decir, cerca del 9%.

El 91% restante atravesó medidas alternativas. El Gobierno espera que esa proporción se mantenga cuando se incorporen los adolescentes de 14 y 15 años.

Rus señaló que, entre los hechos atribuidos a jóvenes que eran inimputables, alrededor del 9% correspondió a robos y el 22% a lesiones. “No tenemos incidencia de jóvenes en delitos graves”, sostuvo.

Durante el último año hubo un solo homicidio vinculado con un menor sin edad de imputabilidad, en un contexto de violencia intrafamiliar.

Infraestructura y una deuda en el Valle de Uco

La ampliación de la edad de responsabilidad penal obligará a fortalecer infraestructura y equipos. Rus aseguró que la Provincia está en condiciones de aplicar la ley desde septiembre, ya que solo entre el 8% y 9% de los procesados recibe penas de encierro.

Sin embargo, reconoció que será necesario reforzar progresivamente los espacios. La única región que todavía no cuenta con una sede de Upana es el Valle de Uco.

“Solo nos falta sede en Valle de Uco. Allí no tenemos gran incidencia, pero está pensado proyectivamente abrir una sede”, explicó.