Mendoza avanza en el acuerdo con Nación: qué implica para las cuentas provinciales

La Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción al acuerdo con Nación para compensar deudas y acreencias. El proyecto, que ratifica el Decreto 1691, obtuvo 34 votos a favor, 10 en contra y 3 ausencias. Ahora, la iniciativa pasará al Senado provincial para su tratamiento definitivo.

El convenio se enmarca en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, un esquema creado por el Estado nacional para ordenar las deudas cruzadas con las provincias. Según el texto oficial, Mendoza recibirá reconocimientos por $121.282 millones y un alivio financiero estimado en $7.677 millones, calculado a valores del 1 de agosto de 2026.

Qué gana Mendoza con el acuerdo

Las acreencias reconocidas a favor de la Provincia se desglosan en varios ítems. El más importante es el de los trabajos en las rutas nacionales 40 y 143, por $80.000 millones. Le siguen los ajustes del Consenso Fiscal de los últimos años, que suman $38.986,9 millones: $19.486,9 millones corresponden al segundo, tercer y cuarto trimestre de 2024; $11.896,6 millones a 2025; y $7.603,3 millones al primer y segundo trimestre de 2026. Además, se incluyen $2.295 millones por obras de vivienda.

Según los considerandos del decreto, las partes decidieron someter estas acreencias al procedimiento "con el objeto de compensarlas, dejando expresamente aclarado que la suscripción del convenio no importa desconocer otras acreencias que pudieran existir y que eventualmente pueden someterse al mismo procedimiento".

Lo que Mendoza resigna a cambio

El otro costado del acuerdo es judicial. Mendoza se compromete a desistir de dos demandas que mantenía contra el Estado nacional ante la Corte Suprema, vinculadas a fondos coparticipables y recursos federales. Una de las causas cuestiona el Decreto nacional 473/23; la otra plantea la inconstitucionalidad del Decreto 756/18, que derogó el Fondo Federal Solidario (FoFeSo).

El Gobierno provincial defendió la decisión de bajar ambos reclamos al argumentar que se trata de créditos controvertidos, con avances procesales limitados y sin un plazo cierto de resolución, mientras que la deuda con Nación es líquida, exigible y ya tiene un mecanismo de pago definido.

Ese punto fue uno de los más discutidos en el debate. El diputado Germán Gómez (PJ) fue el más crítico: "Existen razones jurídicas, económicas y financieras para rechazar este expediente, ya que no defiende los intereses ni el patrimonio de la provincia de Mendoza", y agregó que el proyecto "sanea las cuentas públicas del Estado nacional, no las de Mendoza, implicando un perjuicio patrimonial para la provincia".

Con la media sanción ya conseguida, el proyecto pasa ahora al Senado provincial para su tratamiento definitivo.