Mendoza activa una oficina para renegociar deudas: quiénes podrán usarla

La Provincia creó una oficina gratuita para renegociar deudas de consumo. El requisito que fijó la resolución: destinar más del 30% de los ingresos familiares al pago de obligaciones. ¿Quiénes quedan afuera?

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Mendoza activa una oficina para renegociar deudas: quiénes podrán usarla
Mendoza activa una oficina para renegociar deudas: quiénes podrán usarla

El Gobierno de Mendoza puso en marcha un mecanismo oficial para que las familias con problemas financieros puedan sentarse a negociar con sus acreedores. La herramienta, gratuita y voluntaria, busca reestructurar deudas de consumo antes de que la situación se vuelva insostenible.

La iniciativa quedó formalizada a través de la Dirección de Defensa del Consumidor, que creó la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo (OCDC). El procedimiento será administrativo y tendrá como objetivo generar un espacio de negociación entre consumidores y acreedores.

¿Quiénes pueden acceder?

Podrán recurrir al sistema las personas domiciliadas en Mendoza que hayan contraído obligaciones dentro de una relación de consumo y se encuentren en una situación grave o inminente de insolvencia personal o familiar.

La resolución fija un parámetro concreto: se considerará que existe una situación crítica cuando las obligaciones financieras superen el 30% de los ingresos mensuales netos del grupo familiar.

Ese límite baja al 25% de los ingresos en casos considerados de especial vulnerabilidad social. Dentro de ese grupo se incluyen hogares con menores a cargo, personas con discapacidad, jubilados o pensionados que cobren el haber mínimo, desempleados, beneficiarios de programas sociales y trabajadores informales.

Qué deudas entran y cuáles quedan afuera

La oficina podrá intervenir sobre deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales, financiamiento comercial, créditos otorgados por proveedores no financieros, plataformas financieras digitales, mutuales y cooperativas, además de otras modalidades vinculadas al consumo.

En cambio, el mecanismo no abarcará deudas garantizadas con hipotecas, obligaciones alimentarias, multas o sanciones penales ni compromisos derivados de actividades empresariales o comerciales ajenas al consumo familiar. Tampoco podrán ingresar al procedimiento los casos en los que el capital total adeudado supere los 100 salarios mínimos, vitales y móviles.

Por qué la Provincia tomó esta decisión

Según la resolución, la medida responde al crecimiento del endeudamiento de los hogares, especialmente a través de tarjetas de crédito y préstamos personales, y también por el avance del crédito informal. La intención oficial es ofrecer una instancia de acuerdo que permita ordenar las obligaciones y evitar que el deterioro financiero derive en situaciones más graves.

Además, quienes soliciten esta mediación deberán participar de programas de educación financiera y consumo responsable que serán impulsados por Defensa del Consumidor junto con el Ministerio de Educación.

La nueva oficina comenzará a funcionar este martes.

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