Mendoza ya tiene las reglas para contratar obras y proveedores durante la emergencia por El Niño: la urgencia habilita atajos, pero el decreto dejó atado un requisito que cada repartición deberá cumplir antes de adjudicar. ¿Qué van a mirar?
El Gobierno de Mendoza puso en marcha el mecanismo que regirá durante la emergencia climática: con el decreto N° 2522, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, quedaron definidos los procedimientos para contratar obras, comprar materiales y ejecutar intervenciones urgentes frente al riesgo hidrometeorológico.
La norma reglamenta la Ley 9740, que había declarado la emergencia en todo el territorio provincial ante el escenario que se espera por el fenómeno de El Niño para el ciclo 2026/2027.
Qué se podrá contratar y con qué criterios
El texto habilita vías más rápidas de contratación para las situaciones que exijan respuesta inmediata. Pero deja sentado un punto: la urgencia no borra las obligaciones de transparencia, publicidad y control administrativo.
A la hora de seleccionar empresas y proveedores, el decreto ordena evaluar la capacidad para cumplir con los trabajos, la calidad de los servicios, los precios y los plazos de ejecución.
En las compras de menor monto se podrá ir a la contratación directa por cotización simple. Para las operaciones de mayor valor, en tanto, se buscará reunir al menos tres oferentes siempre que las circunstancias lo permitan; si no se logra esa cantidad de propuestas, la repartición interviniente deberá justificarlo.
La adjudicación tiene que recaer en la oferta más conveniente para el interés público y quedar respaldada por una decisión fundada.
Las tareas que no pueden esperar
El decreto contempla excepciones al régimen general de contrataciones para intervenciones menores que no admitan demora. Menciona, entre otras, la limpieza de cauces, la desobstrucción de drenajes y las reparaciones que necesiten ejecución inmediata.
Aun así, todo deberá quedar documentado: las convocatorias, las ofertas recibidas, las evaluaciones y las decisiones de adjudicación, con las adecuaciones que exija la urgencia.
La emergencia no suspende las normas ambientales
Otro de los puntos fija que la emergencia no exime del cumplimiento de las normas ambientales y territoriales. Por eso, la autoridad ambiental deberá determinar qué evaluaciones y controles corresponden en cada intervención, según sus características y los riesgos posibles.
Los organismos que participen tendrán además que seguir las obras y servicios, verificar la recepción de los trabajos y documentar los gastos, de modo que después puedan hacerse los controles y las rendiciones de cuentas.