Mendoza abre la caja del resarcimiento: quién manejará la plata de las viviendas

El Gobierno de Mendoza ratificó un convenio que mete al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en el circuito de los fondos del resarcimiento por la Promoción Industrial. La medida, publicada en el Boletín Oficial este viernes 9 de octubre, habilita al organismo a financiar obras de infraestructura para proyectos habitacionales, pero con una condición clave: la plata deberá devolverse.

El acuerdo fue firmado el 16 de enero de 2026 por los ministros Víctor Fayad (Hacienda y Finanzas) y Natalio Mema (Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial), junto al presidente del IPV, Gustavo Cantero. Con esas rúbricas, el instituto quedó incorporado como ejecutor de proyectos financiados a través del fideicomiso provincial.

Qué podrá hacer el IPV con los fondos

El convenio permite al Ejecutivo asignar recursos del fideicomiso al IPV para proyectos de construcción, ampliación, renovación y refuncionalización de infraestructura. La particularidad es que los desembolsos son reembolsables: no se trata de un subsidio, sino de un financiamiento que el organismo deberá recuperar.

Según el documento, las obras deben estar vinculadas al desarrollo de Mendoza y haber sido priorizadas antes por la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial.

Lo que el convenio no define es la lista de proyectos ni el monto que recibirá el IPV. Esos puntos quedarán para convenios específicos, donde se detallarán los proyectos elegidos, los montos comprometidos y las condiciones de financiamiento. Es decir, la ratificación es una herramienta administrativa: no aprueba obras concretas ni arranca ninguna ejecución por sí sola.

Cómo deberá devolver el dinero

El corazón del acuerdo es el mecanismo de recupero. El IPV tendrá que reembolsar al fideicomiso lo que reciba, bajo condiciones que se pacten para cada obra.

Para calcular el capital a devolver, los desembolsos se convertirán a Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), tomando el valor de la fecha de cada transferencia. El porcentaje de devolución, los plazos, las cuotas y la periodicidad de los pagos se definirán en cada convenio específico.

Además, el instituto deberá fijar y recaudar cuotas para recuperar parcialmente los costos de inversión de los proyectos que ejecute. Dentro de los 30 días posteriores a la firma de cada convenio específico, tendrá que presentar ante el Gobierno provincial el procedimiento y la modalidad de recupero previstos.

Si no cumple, la Provincia podrá suspender el financiamiento de nuevos desembolsos o compensar los montos adeudados con otros compromisos vigentes.

Quién controla qué

El convenio también reparte responsabilidades. La Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial se ocupará de la coordinación y el financiamiento; el IPV quedará a cargo de las licitaciones, contrataciones y supervisión de los trabajos. La Tesorería General de Mendoza actuará como organismo pagador y el fiduciario administrará los desembolsos.

Para el seguimiento, el IPV deberá presentar mensualmente los certificados de obra dentro de los diez días corridos posteriores a su emisión y elaborar planes trimestrales de inversión con el detalle de los recursos que necesitará. Los pliegos de contratación deberán contemplar, como regla general, un plazo de 60 días corridos para pagar los certificados de obra desde su aprobación.

Cualquier modificación contractual o reconocimiento de gastos adicionales requerirá autorización previa de las áreas provinciales competentes.

De dónde sale la plata

Los recursos provienen del acuerdo entre Mendoza y el Estado nacional para compensar los perjuicios económicos del régimen de Promoción Industrial. Ese entendimiento reconoció a la Provincia una compensación de 1.023 millones de dólares, instrumentada mediante letras intransferibles del Gobierno nacional.

Después, Mendoza armó un fideicomiso para administrar esos fondos y destinarlos a obras estratégicas. En abril de 2024, la Provincia y la Nación firmaron una adenda que amplió el destino de los recursos para permitir su uso en infraestructura necesaria para el desarrollo provincial.El nuevo convenio con el IPV se inscribe en ese esquema y suma una alternativa de financiamiento para el organismo habitacional. Lo que todavía falta saber es qué proyectos se priorizarán, cuánto dinero irá a cada uno y bajo qué condiciones se recuperará la inversión.