¿Qué decidirá el TSJ sobre el pedido de Arning para que la Corte Suprema frene el referéndum del 29 de noviembre? Los antecedentes en Córdoba no la favorecen.
La intendente de Mendiolaza, Adela Arning, no se resigna a la consulta popular que podría sacarla del cargo. Sus abogados defensores presentaron un recurso federal extraordinario ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba para que el caso llegue a la Corte Suprema de la Nación y, sobre todo, para que el referéndum revocatorio del 29 de noviembre quede en suspenso.
La presentación se hizo ayer y apunta a revertir el fallo que el propio TSJ dejó firme hace dos semanas, cuando habilitó la compulsa electoral en la que los vecinos decidirán si Arning sigue al frente del municipio hasta diciembre de 2027 o si debe dejar el cargo de forma definitiva.
Qué debe resolver ahora el TSJ
El máximo tribunal provincial tiene por delante dos definiciones. La primera: si concede o rechaza el recurso federal extraordinario. La segunda: si acepta el pedido de suspender el referéndum mientras la Corte Suprema analiza el planteo.
El escrito de la defensa sostiene que la apelación debe otorgarse con efecto suspensivo, es decir, que la votación no se lleve adelante hasta que se expida el máximo tribunal del país. Ese es el punto central de la estrategia de Arning.
Los antecedentes que no la favorecen
La historia política de Córdoba no acompaña el planteo de la intendente. Cada vez que el TSJ otorgó recursos extraordinarios federales en procesos revocatorios en marcha, lo hizo sin efectos suspensivos. Es decir, habilitó la apelación pero dejó que la consulta popular siguiera su curso.
Si el tribunal mantiene ese criterio, los mendiolacenses deberán concurrir a las urnas el domingo 29 de noviembre para definir el futuro de la jefa municipal.
El escenario que podría cambiar todo
La otra posibilidad es que el TSJ modifique su jurisprudencia y haga lugar al pedido de suspensión. En ese caso, el referéndum quedaría sin efecto: el tratamiento del recurso en la Corte Suprema demandaría, con alta probabilidad, más de un año, y la consulta convocada para fines de noviembre perdería vigencia.
Por ahora, la pelota está en manos de los integrantes del TSJ, que deberán resolver si la votación que puede definir el destino de Arning se hace o se frena.
