Mayans votó en contra y lanzó una advertencia que golpea el bolsillo de las provincias
El senador formoseño votó en contra de la Ley de Inocencia Fiscal II y lanzó una advertencia que enciende alarmas en las provincias: con el nuevo régimen, los recursos coparticipables podrían caer. ¿Qué dijo sobre Adorni y Espert?
El senador formoseño José Mayans cargó con dureza contra la Ley de Inocencia Fiscal II, aprobada por el Senado con 44 votos a favor y 23 en contra, y advirtió que la modificación tributaria podría golpear directamente los recursos que reciben las provincias. El presidente del bloque Justicialista apuntó contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni y el exdiputado José Luis Espert.
Durante el debate en el recinto, Mayans definió la norma como "una ley de blanqueo, una ley de lavado fiscal" y sostuvo que, a su entender, con este esquema "el presidente Milei termina con el delito de evasión". La iniciativa flexibiliza las condiciones para ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias y modifica los mecanismos de fiscalización de los contribuyentes.
El senador vinculó el tratamiento de la ley con la situación patrimonial de Adorni. "No sé qué sabe Adorni, para que le preparen esta ley. Les dirá: saquen esta ley o cuento todo lo que pasó. O nos salvamos todos o no se salva nadie", disparó. Y agregó que se trata de una norma "a medida de algunos funcionarios como Adorni", a quien mencionó en relación con cuestionamientos sobre su declaración jurada.
El impacto en la coparticipación
Uno de los ejes más fuertes de su intervención fue el efecto que la ley podría tener sobre las provincias. Mayans advirtió que una eventual disminución de la recaudación del Impuesto a las Ganancias repercutiría sobre los recursos coparticipables y, por lo tanto, sobre las administraciones provinciales.
"Las provincias están a la baja en recaudación y volverán a caer. Con estos niños ricos, estos inocentes fiscales, que se van a beneficiar con un borrón y cuenta nueva y no van a pagar más nada, va a bajar la coparticipación en Ganancias y los gobiernos provinciales van a percibir menos", sentenció.
El senador también cuestionó el argumento oficial de que funcionarios y políticos quedarían excluidos de los beneficios. Según planteó, podrían acceder al Régimen Simplificado de Ganancias y obtener parte de las ventajas previstas. "La normativa no es para los trabajadores, no es para los jubilados ni para los pensionados", afirmó, e ironizó: "Una vez que se termine de votar esta Ley de Inocencia Fiscal, voy a proponer que se declare al 17 de septiembre como Día de los Inocentes, que hasta ahora es el 28 de diciembre".
Los nombres que quedaron en la mira
Mayans aseguró que "hay 20 millones de personas en el país que no tienen nada que ver con esta ley" y sostuvo que la iniciativa está dirigida, según su interpretación, a quienes ya poseen recursos y buscan incorporarlos al circuito formal. En ese sentido, mencionó al presidente Javier Milei, a su hermana Karina Milei y a Espert, a quien vinculó con una investigación judicial por presunto lavado de dinero. Estas referencias forman parte de los cuestionamientos formulados durante el debate y no constituyen una determinación judicial de responsabilidad.
Otro de los puntos que cuestionó fue el mecanismo de control sobre el origen de los fondos. Sostuvo que el nuevo régimen reduce las posibilidades de determinar de dónde salió el dinero y apuntó contra las certificaciones notariales: "No determinan de dónde sacó la plata, y el escribano certifica que compró la propiedad". Luego remató con una ironía sobre Adorni: "Parece hecho por la escribana de Adorni".
Finalmente, Mayans cuestionó el discurso oficial sobre la "moral como política de Estado" y sostuvo que la política tributaria del Gobierno termina afectando a trabajadores, jubilados y pensionados, mientras beneficia a los sectores de mayores ingresos.
La posición del senador se dio en un debate donde el oficialismo defendió la norma como una herramienta para simplificar el sistema tributario y promover la formalización de ahorros. Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras del proyecto, sostuvo que el régimen busca facilitar el uso de los ahorros y avanzar hacia un sistema "más simple y previsible".