Más de 50 días de protesta: la Jefatura los denunció penalmente y ahora la Justicia decide su futuro
¿Qué hicieron los policías durante 50 días de protesta? La denuncia revela detalles que la Jefatura no quiere dejar pasar.
La Jefatura de Policía de Santa Cruz no esperó ni 24 horas. Apenas los efectivos levantaron las carpas tras 50 días de "quite de colaboración", presentó una denuncia penal contra decenas de agentes de El Calafate y El Chaltén. La causa ya está en manos de la Justicia.
¿Qué dice la denuncia?
El jefe de Policía, comisario general Diego Martín Agüero, junto al subjefe Luis Bordón, radicaron la presentación en el Juzgado de Instrucción de El Calafate. Según pudo saber Ahora Calafate, el escrito pide que se investigue si la conducta de los efectivos encuadra en el artículo 249 del Código Penal, que castiga el incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La denuncia sostiene que durante la protesta los policías concurrían a sus puestos vestidos de civil pero se negaban a trabajar. No atendían llamados, no patrullaban, no cubrían consignas ni realizaban tareas de guardia. Todo esto, pese a las órdenes expresas de retomar el servicio.
Órdenes desobedecidas y adhesión masiva
El escrito menciona dos instrucciones puntuales: la Orden Pública N.º 001/2026, del 13 de junio, y la Orden Interna N.º 001-2026, del 13 de julio. Ambas fueron ignoradas por los denunciados.
La medida de fuerza tuvo un acatamiento altísimo en El Calafate: 70% en el Comando de Patrullas, 80% en la Comisaría Primera y 85% en la Comisaría Segunda. Esto obligó a la Jefatura a redistribuir oficiales superiores y personal administrativo, y hasta pidió apoyo de fuerzas federales.
El rol de la Justicia
La denuncia no implica culpabilidad. Ahora la Justicia deberá analizar caso por caso si existía un deber funcional concreto, si los agentes podían cumplirlo y si omitieron deliberadamente sus obligaciones. La presentación se basa en la Ley Provincial N.º 746, la Ley de Seguridad Pública N.º 3.523 y las órdenes internas.
El expediente ya fue remitido a la Fiscalía de Instrucción, que esta semana emitirá su opinión sobre la eventual existencia de un delito. Luego, el Juzgado decidirá si impulsa la investigación.
¿Qué puede pasar?
Una condena por el artículo 249 no solo traería una sanción penal, sino que podría afectar la continuidad de los efectivos en la fuerza. Además, una denuncia similar se presentó en Río Gallegos contra el personal que protestó en la capital provincial.
