Más de 3.000 firmas para frenar la venta de tierras a extranjeros en Santa Cruz

El vecino de El Calafate Alberto Chaile presentó ante la Legislatura provincial una nota con más de 3.000 firmas para que se conforme una comisión investigadora por la venta de tierras en Península de Magallanes. La solicitud apunta a revisar el decreto provincial 915/26 y la operación que autorizó la transferencia de parcelas de Lacustre del Sud a la firma ASB Hospitality LLC.

En diálogo con el programa Planeta, que se emite por Tiempo FM 97.5, Chaile explicó que la presentación busca que la Cámara de Diputados encomiende a una comisión especial el análisis de "la totalidad de las actuaciones vinculadas con la actualización para la transferencia de las parcelas G-2, G-3, la Fracción G, ubicadas en Península de Magallanes".

El objetivo, según precisó, es que la Legislatura determine "si todos estos expedientes se ajustan o no se ajustan a la ley".

Pedidos de información y respuestas dispares

Para respaldar el planteo, los vecinos presentaron tres pedidos de acceso a la información pública: uno ante el Consejo Agrario Provincial, otro ante la Secretaría de Estado de Ambiente y un tercero ante el Poder Ejecutivo provincial.

Chaile detalló que la Secretaría de Ambiente ya envió copias del expediente y contestó los requerimientos, mientras que aún aguardaban la respuesta del Consejo Agrario Provincial. "Nosotros estamos evaluando la información, la estamos estudiando, pero en virtud de lo que se conoce públicamente, le pedimos a la Legislatura que conforme la comisión investigadora para lo que entendemos nosotros aparece como una irregularidad de parte del Poder Ejecutivo y un incumplimiento del Poder Ejecutivo de varias leyes", afirmó.

Más de 3.000 adhesiones y una respuesta pendiente

La nota fue acompañada por más de 3.000 firmas de vecinos de El Calafate, de distintas localidades de Santa Cruz y también de visitantes de otras provincias. Chaile señaló que continúan sumando adhesiones y concientizando sobre lo que consideran un incumplimiento de las normas que regulan las áreas naturales de la provincia y del plan de manejo de Península de Magallanes, aprobado en 2022 y elaborado con participación ciudadana en El Calafate.

Respecto de la recepción de la presentación, indicó que todavía no obtuvieron una respuesta formal de los legisladores. "Me escucharon, la mayoría atentamente, escucharon mi exposición, recibieron la nota, seguramente la leerán, la evaluarán, y nos comunicarán de acá a la próxima sesión cuál es su decisión", expresó.

El decreto 915 y el choque con la Ley de Tierras

Chaile cuestionó el carácter excepcional del decreto firmado por el gobernador Claudio Vidal y planteó objeciones vinculadas al Decreto Provincial 994 y a la Ley Nacional 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales.

Según explicó, el decreto provincial establece restricciones para la venta de tierras a extranjeros en reservas, parques y zonas limítrofes, en concordancia con la legislación nacional. En ese marco, sostuvo que el Poder Ejecutivo provincial no podría establecer una excepción sin modificar previamente la ley nacional.

"Es decir, el decreto ese no es un decreto autónomo que modificó el gobernador, es un decreto que tiene concordancia con una ley nacional que es una ley de orden público", afirmó. Y agregó: "Para hacer una excepción a ese decreto hay que modificar la ley nacional o tendría que haber propiciado algún tipo de acción de esa naturaleza. No lo puede hacer, está prohibido hacerlo, no tiene ningún sustento jurídico".

El vecino también citó las disposiciones de la Ley de Tierras Rurales sobre la nulidad de los actos jurídicos que se realicen en violación de sus normas y la responsabilidad patrimonial de quienes intervengan. En ese sentido, remarcó que los funcionarios involucrados podrían tener que responder por las consecuencias de sus actos.

“Ahora los originarios somos nosotros”

Chaile advirtió que con el decreto "está en juego la extranjerización de la tierra, de lugares que son estratégicos".

"Esta decisión, este tipo de inversiones, esta política de decir 'vamos a ceder territorio para atraer inversiones' con el justificativo de que necesitamos producción y trabajo, es un modelo o una visión que tienen algunos gobernantes", sostuvo.

En ese contexto, vinculó su preocupación con otros proyectos de alojamientos turísticos en áreas protegidas y advirtió sobre las consecuencias que podría tener esta política a futuro. "Tenemos 40 áreas protegidas en Santa Cruz, entre parques provinciales, reservas y monumentos naturales", señaló.

Para Chaile, si la decisión avanza y obtiene algún tipo de convalidación social, política o jurídica, podría sentar un precedente para la gestión futura de las áreas naturales de la provincia. "Es un modelo de extranjerización de la tierra, produciendo una nueva ola", expresó.

Finalmente, relacionó su planteo con la historia de la ocupación territorial en Santa Cruz y el desplazamiento de los pueblos originarios. "Ahora los originarios somos nosotros, esa es la realidad, y esta política lo que busca es desplazarnos del territorio y quitarnos la posibilidad de tener un usufructo de lugares que están protegidos, que están regulados y que tienen pautas muy claras de cómo se tienen que administrar", advirtió.