Más de 1.000 cuarteles y una deuda que no llega: el número que los bomberos quieren que el Gobierno explique

El sistema de bomberos voluntarios de todo el país volvió a reclamar por los subsidios retenidos: son unos 60 mil millones de pesos que el Estado nacional mantiene sin girar. En General Pico, el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, Hugo Santamarina, explicó en diálogo con InfoPico Radio qué representa esa cifra para cada cuartel y por qué el reclamo no es un capricho.

La cuenta que hay detrás de los ceros

Santamarina fue directo al punto: «Por ahí estos tantos ceros nos marea a todos, no lo entendemos». Para dimensionarlo, explicó que en el país funcionan más de 1.000 cuarteles y que a cada uno se le adeudan entre 53 y 54 millones de pesos.

El dirigente recordó que la protesta no es nueva. La semana pasada se realizó un sirenazo en todo el territorio nacional con el mismo objetivo: exigir el pago de los subsidios que el Gobierno retiene.

Una ley que el Ejecutivo no puede ignorar

Santamarina subrayó que el sostenimiento del sistema está contemplado en la Ley Nacional 25.054, que regula la actividad de los bomberos voluntarios en todo el país. «Esto está en una ley, no es una cosa que el gobierno puede hacer lo que quiera. No es un favor que está haciendo el gobierno», remarcó.

Además, explicó de dónde salen esos fondos: del 0,5% de cada póliza de seguro que abonan los argentinos. «Hace ya muchos años que está establecido. Es un dinero que el gobierno ha retenido, que lo tiene ahí pisado y que no lo manda a los cuarteles», señaló.

Petitorio y amenaza de judicialización

El reclamo se formalizó con un petitorio dirigido al Ministro de Economía, firmado por todas las federaciones provinciales, que establece un plazo de 10 días para obtener una respuesta.

Consultado sobre los pasos a seguir, Santamarina adelantó una posición personal: «Creo que se debería judicializar el tema si no hay respuesta». El dirigente explicó que el sistema funciona como una pirámide: el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios como ente rector, las federaciones provinciales en el medio y los cuarteles locales en la base.

«Los bomberos son gratis»

Uno de los argumentos más fuertes del planteo apuntó al costo real que el servicio voluntario le ahorra al Estado. Santamarina hizo un cálculo propio: solo en mantenimiento, el cuartel de General Pico gasta alrededor de 20 millones de pesos por mes, es decir, unos 250 millones al año, sin contar indumentaria ni inversiones.

«Nosotros no somos un gasto, nosotros le ahorramos dinero al Estado. Y nos lo bancamos nosotros. Los bomberos son gratis», afirmó.

Y agregó: «La gente se está turnando, por eso se llaman bomberos voluntarios. Imaginate el costo que tendría el Estado, y encima tener que soportar que no nos manden una partida que está establecida por la ley. Es realmente muy ingrato».

El Estado eficiente y la pregunta sobre la casta

El titular de la institución piquense también se refirió al discurso oficial sobre el recorte del gasto público. «El eslogan del gobierno es vamos a atacar la casta. Yo digo, se ha tergiversado el término. Dentro de la institución, ¿seremos casta también?», se preguntó.

Santamarina aclaró su posición: «Yo soy un defensor acérrimo del Estado, pero del Estado eficiente, no del Estado corrupto ni ineficiente». Reconoció que en algunos casos hubo malgasto de recursos públicos, pero sostuvo que los bomberos están lejos de ese escenario.

También cuestionó la lógica de quienes reclaman que los cuarteles le paguen al Estado mientras defienden su desaparición: «¿Cómo es el tema? No entiendo esa lógica de mucha gente».

El impacto en el equipamiento local

El dirigente aclaró que el cuartel de General Pico recibe los subsidios y los destina directamente a la compra de equipamiento para el personal. Aunque algunas instituciones dependen más que otras de esos fondos, remarcó que el reclamo es unánime: «No hay cuartel que no» esté afectado.

De cara a los próximos días, la expectativa está puesta en la respuesta oficial. Si no llega, las federaciones definirán en conjunto los pasos a seguir. «Esperemos que el gobierno se ponga la mano en el corazón y esto se solucione», cerró Santamarina.