Marijuán pidió indagar a Estrada y los videos anónimos que lo complican: quién daba las órdenes

La causa que investiga el uso de fondos del Congreso para difundir contenido falso en redes sociales sumó un movimiento clave este martes. El fiscal federal Guillermo Marijuán solicitó que el exdiputado nacional por Salta Emiliano Estrada sea citado a declaración indagatoria, en un expediente que apunta a dos asesores pagados con dinero público durante su mandato.

El requerimiento fue presentado ante el juez federal Sebastián Casanello y apunta al presunto delito de peculado de trabajo y servicios, contemplado en el artículo 261 del Código Penal. Según publicó Clarín, esa figura prevé penas de dos a diez años de prisión.

El pedido del fiscal no implica que Estrada haya sido condenado ni que el juez ya haya ordenado su indagatoria. Ahora Casanello deberá resolver si hace lugar al requerimiento y lo convoca formalmente a declarar.

Qué le atribuye la Fiscalía

El eje de la investigación son dos personas que trabajaban como asesores de Estrada y cuyos salarios se pagaban con fondos del Congreso cuando el dirigente salteño era diputado nacional.

En su presentación, Marijuán sostuvo que Estrada habría utilizado "trabajos o servicios pagados por la administración pública en provecho propio". La hipótesis fiscal indica que esos empleados habrían sido destinados a producir y difundir videos falsos, bajo el anonimato de las redes, para beneficiar políticamente al entonces legislador.

Las publicaciones circulaban sobre todo a través de cuentas anónimas de TikTok y apuntaban contra dirigentes políticos, empresarios y periodistas. Parte del material buscaba vincular al Gobierno de Salta con actividades relacionadas con el narcotráfico, según consta en la causa.

Los asesores ya reconocieron su participación

Un punto que tomó peso en el expediente es lo que ocurrió con los dos colaboradores involucrados. De acuerdo con los antecedentes, ambos admitieron ante la Justicia su participación en las tareas investigadas y acordaron un juicio abreviado en Salta.

Fueron condenados a un año y cuatro meses de prisión de ejecución condicional como partícipes secundarios del delito de intimidación pública, y a un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Una de las colaboradoras declaró que Estrada era quien le impartía las órdenes y directivas sobre los trabajos que realizaba o encargaba, incluidos contenidos gráficos y audiovisuales. También reconoció haber participado en la creación de cuentas de TikTok destinadas a perjudicar a personas del ámbito político, empresarial y mediático.

Esos antecedentes forman parte del escenario que ahora analiza la Justicia Federal porteña.