Malvinas: el plan del Gobierno que promete sacudir el Congreso

El oficialismo se prepara para encender el debate en el Congreso con un paquete de iniciativas sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Las cámaras esperan los proyectos que anunció Javier Milei en cadena nacional el jueves, y que buscan endurecer las sanciones contra las empresas que exploten los recursos naturales en las islas. La oposición, aunque tilda la movida de electoralista, no piensa esquivar la discusión y ya anticipa que exigirá la presencia de funcionarios del Ejecutivo, a los que acusa de eludir el Parlamento.

El diputado peronista Juan Grabois celebró el giro del Presidente y sentenció: “Aunque sea el peor Gobierno del mundo, todo lo que se haga contra el inglés invasor está bien. Bienvenido el cambio de 180 grados de Milei que pasó de soquete colonizado a recuperar la posición histórica de la Argentina”. Y agregó: “Los kelpers son efectivamente población implantada y no le asiste el derecho a la autodeterminación. Ganamos la batalla cultural”.

Qué implica la medida que anunció Milei

La decisión del jefe de Estado apunta a ampliar el marco legal para castigar no solo a las compañías que operen en Malvinas, sino también a sus proveedores, que recibirían las mismas penas y prohibiciones. Los infractores no podrían contratar con el Estado ni con el sector privado en el país, y se evalúa la aplicación del juicio en ausencia cuando corresponda. El régimen, además, alcanzaría a otras actividades en las islas que afecten los recursos naturales argentinos.

El blanco inmediato es la explotación petrolera offshore del proyecto Sea Lion, a cargo de las empresas Navitas Petroleum (de Israel) y Rockhopper Exploration (del Reino Unido). Milei advirtió que, si no se actúa, Londres podría quedarse con recursos que la Argentina considera propios.

La senadora libertaria Patricia Bullrich fue contundente: “Si nosotros dejásemos que esa producción de petróleo comience, estaríamos aceptando el robo de estos recursos naturales y, de hecho, la profundización de una colonización en las Malvinas”.

La fueguina Cristina López, del peronismo, aprovechó para cuestionar al Gobierno por el desfinanciamiento de la Base Naval Integrada de Ushuaia. “Después de desfinanciar durante tu Gobierno la Base Naval Integrada de Ushuaia, ahora anunciás que vas a construir un Polo Logístico para fortalecer nuestra presencia en el Atlántico Sur. Ni hablar de los anuncios de decretos y leyes para sancionar a las empresas que explotan nuestros recursos naturales en Malvinas… todo biri biri Milei”, posteó en redes.

El DNU que ya está en carrera

Uno de los pasos concretos será el tratamiento del decreto que amplía las partidas para el Ministerio de Defensa, que ya ingresó a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, presidida por la senadora oficialista María Belén Monte de Oca. Esa comisión, integrada por 16 miembros (ocho por cámara), tiene una mayoría oficialista de 11 legisladores contra cinco del peronismo, lo que anticipa una aprobación exprés.

Con esos fondos, el Ejecutivo planea avanzar en la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, reforzar las telecomunicaciones y convertir el complejo austral en un polo logístico de proyección hacia la Antártida. Según la normativa, el DNU ya está vigente desde su publicación en el Boletín Oficial y solo necesita la ratificación de una de las cámaras para quedar firme; para rechazarlo, ambas deberían votarlo en contra.

Un reclamo con historia en el Congreso

La pulseada por Malvinas no es nueva en el Parlamento. Desde la sanción de la Ley 26.659, en 2011, que penaliza la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina, hubo varios intentos de advertencia al Ejecutivo que nunca prosperaron más allá de su presentación.

La primera iniciativa fue de la exdiputada Liliana Fadul, del Partido Federal Fueguino, en octubre de 2012, tras el anuncio de Rockhopper Exploration de un acuerdo millonario con Premier Oil para extraer petróleo en Sea Lion. “Toda actividad hidrocarburífera en dicho territorio que no haya obtenido autorización de la República Argentina representa una clara violación a nuestros derechos soberanos”, reclamó en su proyecto.

En 2017, el mendocino Guillermo Carmona, entonces diputado de Unión por la Patria, elevó consultas al Poder Ejecutivo sobre por qué no se sancionaba a Premier Oil, y citó la resolución 31/49 de Naciones Unidas, que prohíbe acciones unilaterales en zonas en disputa. “El Reino Unido insiste en sus intentos de explotar el petróleo de los 40 millones de argentinos violando esta resolución”, denunció.

La lista siguió con proyectos de Eugenia Alianiello y Sabrina Selva (UxP) en 2024, de Marcela Pagano (Coherencia) en 2025, del fueguino Jorge Araujo Hernández este año, y una última iniciativa firmada por Adriana Serquis y Juan Grabois que pide informes sobre las operaciones en la cuenca Malvinas Norte.

El Senado también tuvo su capítulo. En 2017, el exsenador peronista Juan Mario País presentó un pedido de informes, y un año después Magdalena Odarda, del Frente Progresista, solicitó denunciar internacionalmente el plan británico. Esa iniciativa se archivó en 2022 sin tratamiento.

Con este nuevo envión oficial, la discusión por Malvinas vuelve a tener fecha en el Congreso, aunque las dudas sobre el alcance real de las medidas y la estrategia electoral del Gobierno siguen abiertas.