Malvinas: el Gobierno redobla la apuesta y ahora apunta contra una aerolínea británica

El Gobierno de Javier Milei profundizó este lunes su ofensiva por las Islas Malvinas con una nueva tanda de medidas que incluye un arbitraje internacional contra el Reino Unido, intimaciones a petroleras y acciones legales contra la empresa británica Thales UK Limited por operar una ruta aérea hacia las islas sin autorización argentina.

Según el comunicado oficial difundido hoy, la Casa Rosada inició un arbitraje internacional por el proyecto petrolero Sea Lion y le dio a Londres un plazo de dos semanas para frenar la explotación en la Cuenca Malvinas Norte. Si no hay respuesta, la Argentina pedirá medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para preservar los derechos que reclama sobre su plataforma continental.

El nuevo frente: la ruta aérea

Milei ordenó procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas contra Thales UK Limited, a la que acusó de volar entre las islas y Punta Arenas, Chile, con una aeronave de matrícula británica y sin permiso de las autoridades argentinas.

La medida se dio en simultáneo con el Punta Arenas Business Showroom, un encuentro que reúne a unas 40 empresas entre este lunes y martes para lanzar la ruta comercial que busca conectar esa ciudad chilena con las islas.

La hoja de ruta que arrancó en septiembre

La escalada comenzó el 3 de septiembre, cuando Milei habló por cadena nacional y anunció sanciones para las petroleras que exploran en la zona, la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia y la creación de un Consejo de Seguridad nacional.

Al día siguiente, las medidas se instrumentaron con el Decreto 868/2026 y el DNU 867/2026, publicados en el Boletín Oficial. El primero puso a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que castiga la exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental sin autorización argentina, y dispuso que las empresas que incumplan no puedan vincularse con proyectos admitidos en el RIGI.

El DNU, en tanto, amplió en casi $218.000 millones las partidas de Defensa, aunque solo una parte se destinará a infraestructura, con eje en la Base Naval Integrada de Ushuaia, un proyecto que había quedado prácticamente congelado durante buena parte de esta gestión.

Denuncias, sanciones y una ley con penas de hasta 20 años

En el frente administrativo, la Cancillería abrió un proceso sancionatorio contra 45 personas humanas y jurídicas de 11 países, entre petroleras, accionistas, fondos, proveedores y asesores, la mayoría vinculadas a Sea Lion. El 8 de septiembre se sumaron otros 15 sujetos y el total llegó a 60 expedientes, aunque la apertura de esos procedimientos no implica sanciones firmes.

También hubo acción penal. El canciller Pablo Quirno y el Procurador General del Tesoro, Sebastián Amerio, denunciaron a cinco empresas vinculadas con la actividad petrolera en la Cuenca Malvinas Norte. La causa quedó radicada en el juzgado federal 12 de Comodoro Py, a cargo de Julián Ercolini. Los denunciados son Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic, Navitas Petroleum LP, JHI Associates y Eco Atlantic Oil & Gas. Después el Gobierno anunció una nueva presentación contra firmas de Rockhopper, Borders & Southern y Desire Petroleum, e identificó a 27 empresarios y directivos de esas compañías.

El 17 de septiembre llegó el paso legislativo: Milei envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que modifica la Ley 26.659, vigente desde 2011, y crea un Sistema de Seguridad Nacional junto con la protección de infraestructuras críticas. La iniciativa prevé multas de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo y penas de 15 a 20 años de prisión por extracción, transporte o almacenamiento no autorizado de hidrocarburos. El texto extiende el régimen a todos los recursos naturales, renovables o no, y habilita la intercepción y el eventual uso de la fuerza contra aeronaves que violen reglas de vuelo o desobedezcan órdenes argentinas, con orden expresa del Presidente para las medidas más drásticas.

La semana pasada, ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Milei reclamó al Reino Unido retomar las negociaciones por la soberanía y cuestionó la explotación de recursos en la zona. La respuesta británica fue inmediata: Londres sostuvo que no puede haber diálogo sobre soberanía salvo que los isleños lo deseen, defendió su derecho a desarrollar los recursos naturales y afirmó que la legislación argentina no se aplica en las islas.