Malargüe le puso ordenanza al reclamo por un edificio que le cedió a la Justicia en 2017: quiere que se lo devuelvan y que alguien pague los servicios que, según el municipio, salieron del bolsillo de los vecinos. El cronograma existe, pero la fecha que todos esperan todavía no.
La Municipalidad de Malargüe dio un paso formal para recuperar un edificio propio que, desde 2017, ocupan dependencias de la Justicia provincial. La decisión no se limita al inmueble: también incluye el reclamo por electricidad, gas y agua que, según las autoridades comunales, se pagaron durante años con recursos del municipio.
El mecanismo quedó sellado con la Ordenanza 2405/2026. El Concejo Deliberante la aprobó el 22 de octubre, el intendente Celso Jaque la promulgó el 5 de noviembre y este martes 10 apareció publicada en el Boletín Oficial de Mendoza.
Una esquina pensada para los vecinos
El inmueble está en la esquina de Jalil Nasser y Valle Hermoso, en el barrio Cari Lauquén. Nació como Centro Integrador Comunitario (CIC), con vocación de albergar actividades sociales, educativas y de atención al vecino.
Hoy, en cambio, allí funcionan dependencias de la Justicia penal de Malargüe. Entre ellas se cuentan el Juzgado Penal Colegiado N° 3 y oficinas del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Las instalaciones también fueron compartidas con áreas municipales.
Cómo empezó todo
La ocupación judicial arrancó en 2017, durante la intendencia de Jorge Vergara Martínez, a partir de un acuerdo con autoridades del sistema de justicia provincial.
De acuerdo con los fundamentos de la ordenanza, en ese período el municipio habría asumido gastos propios del funcionamiento de las oficinas judiciales, incluidos los servicios públicos y el personal administrativo asignado a esas dependencias.
Para el Concejo Deliberante, esa situación implica una carga económica que debería recaer en la Provincia. Por eso planteó la necesidad de recuperar las instalaciones para destinarlas otra vez a actividades comunitarias.
Sin fecha de mudanza
La norma establece que la restitución sea progresiva, con un cronograma que permita trasladar las dependencias judiciales sin cortar la atención al público. Lo que no fija es una fecha concreta para la desocupación.
También habilita al Ejecutivo municipal a iniciar gestiones administrativas para reclamar el pago de los servicios usados desde 2017 y otras posibles compensaciones económicas por el uso del inmueble. La ordenanza no pone cifra a ese reclamo.
Un antecedente cercano
El conflicto no es nuevo. A comienzos de 2026, la gestión de Jaque ya había impulsado medidas para que distintas oficinas provinciales instaladas en propiedades municipales asumieran los costos de los servicios y pagaran alquileres.
La historia del edificio, además, es anterior a la llegada de la Justicia. Según un informe de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de enero de 2017, el CIC había sido entregado a los vecinos en 2007 y lo usó temporalmente la escuela Maurín Navarro.
Cuando la institución educativa se trasladó en 2015, organizaciones barriales pidieron que el inmueble se destinara a bibliotecas, talleres y otras actividades sociales. La decisión posterior de instalar oficinas judiciales generó cuestionamientos de esos sectores.
La otra apuesta: un Polo Judicial
En paralelo, el Concejo Deliberante de Malargüe promovió durante octubre de este año un proyecto para estudiar la creación de un Polo Judicial que reúna distintas dependencias de la Justicia provincial, hoy repartidas en varios edificios del departamento.
La propuesta contempla evaluar alternativas de construcción, adquisición o adaptación de inmuebles y requerirá la participación de las autoridades judiciales y provinciales.
