Malargüe pone freno a los violentos: no podrán entrar a boliches ni festivales

El Concejo Deliberante de Malargüe aprobó una ordenanza que crea un registro de personas con restricción de acceso a eventos masivos, como respuesta a los disturbios ocurridos en el último aniversario departamental.

La nueva normativa, denominada Régimen Municipal de Restricción de Acceso a Eventos Públicos y Locales Bailables, apunta a reforzar la seguridad en fiestas populares, festivales, encuentros deportivos y otros espectáculos de concurrencia masiva que se desarrollan en el departamento.

¿Quiénes quedarán fuera?

El Registro Municipal de Personas con Restricción de Acceso incluirá a aquellos que hayan sido condenados mediante sentencia firme por la Justicia Contravencional y de Faltas de Malargüe por hechos de violencia ocurridos en este tipo de eventos. La medida tiene carácter preventivo y busca evitar que los protagonistas de incidentes vuelvan a participar de actividades organizadas o autorizadas por el municipio.

Como antecedente, el Municipio tomó lo ocurrido en el último aniversario departamental, en noviembre pasado, donde decenas de violentos provocaron disturbios y se pelearon.

¿Por qué es necesario?

Desde el Concejo Deliberante señalaron que la iniciativa responde a la necesidad de garantizar la convivencia pacífica y proteger tanto a los vecinos como a los turistas que participan de las numerosas actividades culturales, deportivas y recreativas que se realizan en Malargüe. Además, destacaron que los episodios de violencia no solo ponen en riesgo la integridad de las personas, sino que también afectan la imagen del departamento como destino turístico seguro y familiar.

¿Cómo funcionará el control?

La ordenanza dispone que la Dirección de Seguridad Ciudadana será la autoridad encargada de administrar el registro, el cual tendrá carácter reservado y será utilizado exclusivamente para controlar el acceso a eventos públicos y locales bailables. Asimismo, los organizadores de actividades deberán colaborar con las autoridades municipales y las fuerzas de seguridad para impedir el ingreso de las personas alcanzadas por las restricciones.

Sanciones progresivas

El régimen prevé sanciones progresivas para quienes reincidan en conductas violentas. La primera infracción implicará una prohibición de ingreso por un año; la segunda, una restricción de tres años; y una tercera infracción podrá derivar en una prohibición de hasta cinco años. Además, quienes incumplan las restricciones o los organizadores que no colaboren con los controles podrán ser sancionados con multas y otras medidas administrativas.