Magallanes: el expediente que llegó a Diputados y el detalle que nadie esperaba sobre el decreto de Vidal

El Consejo Agrario Provincial (CAP) entregó a la Cámara de Diputados de Santa Cruz la documentación sobre el proyecto turístico previsto en la Península de Magallanes. El expediente permite reconstruir cómo se gestó la autorización excepcional que firmó Claudio Vidal y qué condiciones deberá cumplir el emprendimiento.

La presentación se concretó el lunes 28 de septiembre, en respuesta al pedido de informes que la Legislatura aprobó por unanimidad. El organismo que preside Hugo Garay remitió las actuaciones administrativas vinculadas a la iniciativa privada.

La documentación corresponde al expediente CAP N.º 495.894/23 y está vinculada al denominado Master Plan Ecocentro, un proyecto turístico sobre tierras de propiedad privada dentro del Área Natural Protegida Península de Magallanes.

Qué establece el expediente presentado ante Diputados

Uno de los puntos centrales es el origen de las actuaciones: el expediente lleva numeración de 2023, por lo que su tramitación se inició antes de la asunción del actual Gobierno provincial.

Según explicó previamente Garay, el proyecto original era de mayor escala, pero el organismo solicitó modificaciones porque no se adecuaba al Plan de Gestión del área protegida.

La propuesta que se impulsa ahora contempla un predio de aproximadamente 20 hectáreas, con unas cuatro destinadas a infraestructura. El desarrollo incluye 24 cabañas, con una capacidad máxima prevista de 60 plazas, además de espacios comunes y senderos peatonales.

Se trata de una inversión privada cuya ejecución deberá ajustarse a las disposiciones ambientales y territoriales vigentes para la Península de Magallanes.

Qué autorizó realmente el decreto firmado por Claudio Vidal

Otro de los aspectos relevantes del expediente es el alcance de la excepción administrativa otorgada por el Gobierno provincial.

El Decreto 915/2026, firmado el 1 de septiembre y publicado en el Boletín Oficial el 22 del mismo mes, establece una excepción por única vez a la restricción contemplada en el artículo 2 del Decreto Provincial 994/2017.

La medida autoriza específicamente una operación de compraventa entre la firma Lacustre del Sud S.A., como vendedora, y ASB Hospitality Calafate SAU, como adquirente, para la implementación del Master Plan Ecocentro.

El texto oficial aclara que la excepción se limita exclusivamente a esa operación y no podrá ser utilizada como antecedente automático para futuras solicitudes similares.

Además, la autorización de la compraventa no implica una habilitación irrestricta para construir. El propio decreto dispone que la ejecución, puesta en marcha y funcionamiento del proyecto quedan sujetos al cumplimiento de las leyes provinciales 3466 y 2658, los planes de manejo y las medidas de mitigación que establezcan las autoridades competentes.

Los antecedentes ambientales del proyecto

La documentación remite también al Plan de Gestión del Área Natural Protegida Península de Magallanes, aprobado mediante el Decreto 303/2022 durante la gestión de Alicia Kirchner.

Ese instrumento estableció las condiciones bajo las cuales pueden desarrollarse determinadas actividades y emprendimientos dentro de la reserva, siempre sujetos a la intervención de la autoridad de aplicación.

Por otra parte, Garay había informado que el estudio de impacto ambiental fue presentado en 2023 y que el procedimiento derivó en una Declaración de Impacto Ambiental aprobada en 2024. La existencia de esa declaración está mencionada expresamente en el Decreto 915/2026.

No obstante, el cumplimiento de las condiciones ambientales continuará siendo obligatorio durante las diferentes etapas del proyecto.

Qué deberá analizar ahora la Cámara de Diputados

La presentación de documentación ante la Legislatura responde al pedido impulsado por la diputada provincial Agostina Mora Doldán, que recibió el acompañamiento unánime de los 18 legisladores presentes durante la sesión del 24 de septiembre.

El requerimiento apunta a conocer las actuaciones administrativas completas, los informes técnicos, los dictámenes jurídicos y los antecedentes ambientales que sustentaron la autorización excepcional.

A partir de esta instancia, los diputados podrán examinar el procedimiento seguido por los diferentes organismos provinciales y evaluar los alcances de la medida.

También permanece abierta la posibilidad de que Hugo Garay sea convocado a brindar explicaciones ante los legisladores. El presidente del Consejo Agrario había manifestado públicamente su disposición a responder consultas y defendió el procedimiento administrativo seguido por el organismo.

Mientras tanto, la documentación remitida a la Cámara constituye un elemento central para continuar el tratamiento institucional del emprendimiento turístico previsto en uno de los sectores naturales más reconocidos de Santa Cruz.