Luz verde al Ejército en Bolivia: ¿qué pasará ahora con los bloqueos?

El Congreso boliviano aprobó el uso de militares para despejar las rutas bloqueadas. La crisis se profundiza y el presidente Rodrigo Paz amenaza con un estado de excepción.

Tras una maratónica sesión de 15 horas que finalizó en la madrugada del domingo, la Cámara de Diputados dio luz verde a una ley que autoriza al presidente Rodrigo Paz a movilizar al Ejército. La norma, ya avalada por el Senado, fue enviada al mandatario para su promulgación, confirmó el jefe legislativo Roberto Castro.

La medida apunta a desbloquear las rutas que, desde hace cinco semanas, mantienen paralizadas La Paz y otras regiones del país. Campesinos, mineros, transportistas y trabajadores protestan contra la peor crisis económica en cuatro décadas y exigen la renuncia de Paz.

¿Estado de excepción en puerta?

Paz, de 58 años y en el poder desde hace seis meses, evalúa declarar el estado de excepción. Esto le permitiría un uso extendido de la fuerza militar y restringir libertades de reunión y movilización, claves para las protestas. Hasta ahora, los militares participaron de forma limitada, mientras la policía antimotines lideraba los operativos.

Los bloqueos han provocado una grave escasez de alimentos, medicinas y combustibles en La Paz y El Alto. También afectan a Cochabamba, Oruro y Potosí. En las estaciones de servicio, las filas son enormes y muchos conductores duermen en sus autos esperando nafta y diésel.

El sábado, en San Julián (Santa Cruz), la policía lanzó gases lacrimógenos contra campesinos que bloqueaban una ruta estratégica. El saldo fue de seis policías y 14 civiles heridos. En total, hay unos 80 puntos de bloqueo con escombros, troncos y piedras.

Presunción de legalidad: el punto que genera debate

Uno de los artículos de la ley establece que los uniformados, durante el estado de excepción, “gozarán de presunción de legalidad” y que el gobierno asumirá su defensa legal. El diputado oficialista Carlos Alarcón defendió la medida: “Este artículo no solamente que es necesario, sino es útil, de mucha utilidad para que existan policías y militares que, frente a una violencia que nos está destrozando los derechos (…), estén dispuestos a protegernos”.

La norma busca evitar que los militares teman ser enjuiciados por el uso de la fuerza. Un antecedente cercano es el de los jefes castrenses de la expresidenta Jeanine Áñez, enjuiciados y encarcelados por enfrentamientos que dejaron más de 30 muertos tras la salida de Evo Morales.

Paz ha llamado al diálogo en reiteradas ocasiones, pero las principales organizaciones que encabezan las protestas no han aceptado. Inicialmente pedían un alza salarial y otras demandas sociales; ahora exigen su renuncia. En su cuenta de X, el mandatario aseguró que La Paz y El Alto enfrentan “todavía momentos difíciles, pero también empiezan a registrarse avances concretos”, como la lenta distribución de combustible.

El gobierno boliviano culpa a Evo Morales de las protestas. El líder indígena, que gobernó de 2006 a 2019, niega las acusaciones y permanece aislado en el Chapare para evitar una orden de captura por un caso de trata de menores que él rechaza.