Lula vuelve al poder con una brasil que le debe 82% de todo lo que produce

Luiz Inácio Lula da Silva asumirá en enero su cuarto mandato al frente de Brasil con una economía que, si bien superó las previsiones más optimistas, carga con desequilibrios fiscales y problemas estructurales que podrían condicionar su programa. La deuda pública, el crédito caro y un Congreso más conservador son los tres frentes que amenazan con limitar sus decisiones y la continuidad de los programas sociales.

La deuda pública, un lastre que no para de crecer

Durante la gestión actual de Lula, el endeudamiento de Brasil trepó más de 10 puntos porcentuales y ya supera el 82% del Producto Interno Bruto (PIB). Ese aumento encareció el financiamiento del Estado y se explica, en gran medida, por el crecimiento sostenido de los gastos obligatorios: hoy menos del 8% del presupuesto federal queda disponible para partidas que pueden ajustarse.

El mandatario envió señales contradictorias sobre el rumbo fiscal. En varias oportunidades minimizó las preocupaciones por la deuda y las calificó de "tonterías", mientras sostuvo que una expansión económica más fuerte permitiría resolver el problema. Su equipo, en tanto, prometió mantener las reglas presupuestarias vigentes —que limitan el crecimiento del gasto y fijan objetivos de resultado primario— y dejó abierta la posibilidad de endurecer esas condiciones.

Sin embargo, cumplir las metas será más difícil por el compromiso de elevar el salario mínimo por encima de la inflación, lo que también incrementa el costo de las jubilaciones. A eso se suman la ampliación de las prestaciones sociales y los nuevos desembolsos prometidos por el Gobierno.

Inflación y tasas altas, otro dolor de cabeza

La política monetaria representa un segundo desafío. Brasil registra una inflación anual del 4,6%, por encima del techo de tolerancia del Banco Central (4,5%), mientras la tasa de interés se mantiene en el 13,75%. En septiembre, la autoridad monetaria dispuso su quinto recorte consecutivo de tasas ante las señales de desaceleración económica. Aun así, los mercados esperan que la inflación continúe por encima del objetivo oficial del 3% hasta bien entrado 2029.

Lula propone reducir los intereses mediante una mayor disciplina fiscal que preserve los programas sociales. No obstante, la mayoría de los economistas sostiene que una baja más rápida requeriría recortar el gasto público, una alternativa que entra en tensión con los compromisos sociales del mandatario.

Millones de brasileños ahogados por las deudas

El costo del financiamiento también golpea a las familias y las empresas. Según la agencia de información crediticia Serasa, casi 84 millones de brasileños y 9,3 millones de compañías tienen pagos atrasados, una cifra récord atribuida al impacto de las elevadas tasas de interés.

La situación alimentó el descontento social pese a indicadores favorables, como un desempleo históricamente bajo y salarios que avanzan por encima de la inflación. Para aliviar esa presión, Lula prepara nuevas medidas de asistencia financiera: la compra con descuento de préstamos hipotecarios problemáticos a los bancos y la condonación de deudas tributarias para algunos propietarios de pequeñas empresas. Los analistas advierten, de todos modos, que estas iniciativas podrían ofrecer apenas un alivio temporal.

El Gobierno también mantuvo conversaciones con el Banco Central para limitar el uso excesivo de créditos costosos, como las tarjetas de crédito y los préstamos personales sin garantía, aunque todavía no presentó una propuesta concreta.

Un Congreso que le juega en contra

La capacidad de Lula para avanzar con su agenda económica dependerá también de las negociaciones legislativas. Las elecciones dejaron un Congreso con una composición conservadora inédita desde el regreso de Brasil a la democracia en la década de 1980.

Aunque derrotó al senador Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta, el Partido Liberal y sus aliados están cerca de controlar ambas cámaras. Ese escenario dificulta los intentos del oficialismo de reducir las exenciones fiscales, una iniciativa resistida por legisladores que rechazan medidas que incrementen la carga tributaria efectiva.

Durante su actual mandato, Lula también tuvo problemas para conseguir que el Senado aprobara candidatos para instituciones clave, como la Corte Suprema, el Banco Central, el regulador de valores y el organismo antimonopolio. El avance de la derecha podría profundizar esas dificultades.

La reforma tributaria, una cuenta pendiente

El último frente es la implementación de la reforma integral de los impuestos al consumo, aprobada por el Congreso en 2023. El nuevo impuesto al valor agregado comenzará a regir en enero, pero el Gobierno todavía no comunicó la tasa efectiva, que los analistas independientes calculan en torno al 28%.

Además, la administración postergó el envío al Congreso de un proyecto para gravar productos considerados perjudiciales para la salud o el medio ambiente, entre ellos los cigarrillos y el alcohol. La decisión estuvo vinculada al temor de generar una reacción negativa durante la campaña electoral. La demora podría postergar ingresos fiscales y sumó cuestionamientos a la gestión tributaria.

En su próximo mandato, Lula deberá equilibrar las cuentas públicas, contener la inflación y sostener el gasto social, mientras busca acuerdos políticos para concretar las reformas pendientes.

Un récord histórico: cuatro veces elegido

Otro de los hitos de la elección fue la cuarta victoria presidencial de Lula. El dirigente del PT se convirtió en el primer presidente de Brasil elegido cuatro veces para ocupar el cargo. Desde que la reelección presidencial quedó habilitada en 1997, también es el mandatario que más veces fue elegido para conducir el país.

La continuidad de la disputa electoral respecto de los comicios anteriores fue señalada por el politólogo Jairo Nicolau, profesor de la Fundación Getulio Vargas: "Estas elecciones se han convertido en una especie de tercera vuelta de la contienda de 2022", afirmó. Nicolau y otros académicos destacaron que la movilización electoral y la discusión sobre políticas públicas fueron factores relevantes durante la etapa final de la campaña.