Lucero lleva su caso a un organismo nacional y apuntan contra el Servicio Penitenciario

La defensa de Anabela Lucero denuncia que sigue aislada y con un cuadro de salud que podría requerir cirugía. Ahora piden que intervenga un organismo nacional: qué encontró el planteo.

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Lucero lleva su caso a un organismo nacional y apuntan contra el Servicio Penitenciario
Lucero lleva su caso a un organismo nacional y apuntan contra el Servicio Penitenciario

La defensa de Anabela Lucero reclamó la intervención urgente de la Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura por las condiciones en que está detenida la exdiputada provincial, alojada en el Servicio Penitenciario Provincial con prisión preventiva en la causa Molino Fénix.

El planteo lo hicieron los abogados Adriel Cabello y Esteban Bustos este viernes, en una conferencia de prensa donde apuntaron contra el aislamiento que pesa sobre Lucero como sanción, en medio de un cuadro de salud que, según la defensa, necesita atención médica y podría terminar en una cirugía.

“Estamos ante una persona privada de la libertad, como medida cautelar, sin condena, que atraviesa un cuadro grave que requiere probablemente una cirugía, que está cumpliendo una sanción”, sostuvo Cabello.

El cuadro de salud que denuncia la defensa

Según relató el abogado, Lucero recibió un pelotazo en el pecho durante una actividad dentro del Penal. A partir de ese episodio apareció un cuadro que los profesionales que la asisten vincularían con el síndrome de ASIA (síndrome autoinmune/inflamatorio inducido por adyuvantes).

Cabello aseguró que, de acuerdo con la evaluación médica que maneja la defensa, ese cuadro exige tratamiento y advirtió sobre posibles complicaciones si no recibe la atención correspondiente.

Para los abogados, la situación se agrava por las condiciones de detención. “En estas condiciones, con este dolor que está sufriendo, está en un calabozo de aislamiento”, afirmó Cabello.

La defensa presentó además un hábeas corpus para pedir que se suspenda la sanción. El abogado sostuvo que el propio régimen del Servicio Penitenciario contempla restricciones para aplicar este tipo de medidas a personas que atraviesan determinados cuadros de salud.

La sanción y el video que encendió la polémica

Los abogados cuestionan que Lucero haya sido sancionada después de una audiencia con el juez de Garantía. Según explicaron, la medida se originó cuando la detenida tocó un mouse durante la audiencia.

El planteo de la defensa llegó un día después de que el Servicio Penitenciario difundiera un video de una reunión entre Lucero y sus abogados dentro del Complejo Penitenciario 1. En las imágenes se ve a Cabello y Bustos con teléfonos celulares durante el encuentro y a uno de ellos entregándole el dispositivo a Lucero.

La directora del Servicio Penitenciario Provincial, Karina Mantelli, presentó ese registro ante el Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis y planteó que el ingreso y la utilización de teléfonos durante las reuniones con detenidos podía constituir una infracción a las normas de seguridad penitenciaria.

Cabello cuestionó la difusión de las imágenes y sostuvo que se trataba de una reunión privada entre los abogados y su defendida. “Lejos de desmentir lo que manifestamos respecto de cómo es la situación dentro del establecimiento y de su situación de salud, salen a difamar y a publicar una entrevista privada”, afirmó.

El protocolo que invoca la defensa

Sobre la denuncia de Mantelli ante el Colegio de Abogados, Cabello confirmó que la defensa hará el descargo correspondiente. “Nos hemos notificado y haremos el correspondiente descargo”, afirmó.

El abogado sostuvo que existe un protocolo firmado por la propia directora del Servicio Penitenciario que permite a los defensores ingresar elementos vinculados con su actividad profesional, entre ellos documentación, teléfonos celulares y tablets.

La defensa de Lucero sostiene que tanto la sanción como las condiciones de detención deben ser revisadas y reclama una intervención externa ante lo que considera una situación incompatible con las garantías que corresponden a una persona detenida sin condena firme.

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