Los tres hoteles de Santa Cruz que vuelven al centro del juicio contra los Kirchner
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Los tres hoteles de Santa Cruz que vuelven al centro del juicio contra los Kirchner

¿Qué rol cumplieron los hoteles de El Calafate y El Chaltén en la trama que investiga la Justicia? La etapa que arranca este miércoles pone el foco en tres establecimientos y en los $38 millones que la fiscalía contabilizó.

El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces atraviesa una instancia decisiva este miércoles 18 de noviembre de 2026, cuando el Tribunal Oral Federal N° 5 lea la acusación del expediente Hotesur, el tramo que investiga presuntas maniobras de lavado de activos a través de hoteles de la familia Kirchner en El Calafate y El Chaltén.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo Kirchner y el empresario Lázaro Báez figuran entre los principales acusados. La hipótesis que sostiene la fiscalía es que parte de los fondos obtenidos mediante adjudicaciones irregulares de obra pública nacional en Santa Cruz habría vuelto al patrimonio familiar a través de operaciones comerciales y hoteleras.

El debate arrancó el 23 de octubre y reúne dos expedientes que en un principio tenían fechas de inicio distintas. La Cámara Federal de Casación Penal resolvió juzgarlos de manera conjunta al considerar que las maniobras investigadas están vinculadas.

Con la lectura de las acusaciones de la inmobiliaria Los Sauces ya terminada —incluida la presentación de la Unidad de Información Financiera (UIF)—, el tribunal avanza ahora sobre los negocios hoteleros.

Los establecimientos bajo la lupa

La causa Hotesur tiene un anclaje directo en Santa Cruz porque buena parte de las operaciones sospechadas se desarrolló en establecimientos turísticos de la provincia.

El más relevante es el Hotel Alto Calafate, sobre el acceso a la localidad turística y propiedad de Hotesur S.A. La familia Kirchner lo adquirió y luego quedó bajo la administración de Valle Mitre, una firma vinculada a Báez.

La investigación también abarca la Hostería Las Dunas, en El Calafate, y operaciones relacionadas con La Aldea del Chaltén, un establecimiento vinculado a Los Sauces.

Según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, Valle Mitre habría actuado como intermediaria entre las constructoras del Grupo Báez y los hoteles de la familia Kirchner. La acusación sostiene que distintas firmas pagaban alojamiento y otros servicios a Valle Mitre, que después transfería dinero a las sociedades dueñas de los establecimientos mediante contratos de alquiler y explotación.

Para los investigadores, ese mecanismo habría permitido incorporar al circuito comercial fondos provenientes de operaciones irregulares vinculadas con la obra pública. Se trata de una acusación que deberá examinarse durante el juicio oral y no de hechos cuya responsabilidad penal ya haya sido determinada en estos expedientes.

Los $38 millones que figuran en el requerimiento

Uno de los elementos económicos del expediente es el dinero que, según la fiscalía, percibió la familia Kirchner por el alquiler y la explotación de los hoteles.

El requerimiento fiscal, cuyos detalles fueron publicados por Infobae, identificó pagos por $38.344.056 entre 2008 y 2013 por operaciones vinculadas con tres hoteles. De ese total, la acusación individualizó $28.597.624 del Hotel Alto Calafate y $6.909.708 de la Hostería Las Dunas. También señaló $2.836.724 por la explotación de La Aldea del Chaltén, operación correspondiente a Los Sauces.

Las cifras corresponden a valores nominales del período investigado, no a montos actualizados a noviembre de 2026. Y la existencia de pagos comerciales no demuestra por sí sola que se haya cometido lavado de dinero: ese es justamente uno de los puntos que deberá resolver el tribunal.

La fiscalía sostiene que una parte de las operaciones permitió dar apariencia legal a fondos presuntamente obtenidos de manera ilícita, mientras que las defensas rechazan esa interpretación.

El hilo que une los hoteles con la obra pública

El otro eje de la investigación conecta los hoteles con los contratos de obra pública vial que empresas de Báez recibieron durante los gobiernos nacionales de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, las operaciones hoteleras investigadas habrían sido una segunda etapa de un circuito económico que empezaba con la adjudicación de obras públicas y seguía con transferencias entre sociedades comerciales. Entre las firmas mencionadas aparecen Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, todas parte del entramado empresarial vinculado a Báez.

El requerimiento fiscal cita un caso concreto de julio de 2010: una constructora del grupo contrató alojamiento en el Hotel Alto Calafate para personal supuestamente vinculado a obras que se realizaban en Comandante Luis Piedrabuena y en sectores de la Ruta Nacional 3.

La acusación observó la distancia entre los lugares de trabajo y el hotel contratado, situado a varios cientos de kilómetros, como uno de los elementos que generan dudas sobre la justificación de determinados gastos de alojamiento. El debate deberá establecer si esas contrataciones fueron reales o si se usaron para justificar movimientos de dinero.

Qué argumenta la defensa

El abogado Alberto Beraldi, al frente de la defensa de Cristina y Máximo Kirchner, rechaza las acusaciones y afirma que las operaciones de Hotesur y Los Sauces fueron legales.

Según un documento que los abogados difundieron a fines de octubre, ambas sociedades funcionaron como empresas comerciales registradas, con documentación contable, declaraciones impositivas y contratos de alquiler. Los defensores sostienen que los pagos recibidos fueron bancarizados, facturados y declarados ante los organismos correspondientes.

También argumentan que los contratos hoteleros fueron genuinos y que los alquileres se ajustaron a valores de mercado, una interpretación que choca con la hipótesis de la fiscalía. La discusión judicial deberá determinar no solo si los contratos y pagos existieron, sino también cuál fue el origen de los fondos y si las operaciones tuvieron una finalidad ilícita.

El proceso y las propiedades alcanzadas por la causa Vialidad

El juicio Hotesur-Los Sauces avanza en paralelo a las actuaciones patrimoniales derivadas de la condena en la causa Vialidad, donde Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez recibieron seis años de prisión por administración fraudulenta vinculada a la obra pública vial de Santa Cruz.

Distintas propiedades de Hotesur y Los Sauces ubicadas en Río Gallegos, El Calafate y El Chaltén quedaron alcanzadas por medidas cautelares en el marco de la ejecución patrimonial de aquella condena. Esos embargos y el trámite de decomiso no deben confundirse con el juicio por Hotesur y Los Sauces, donde todavía debe determinarse la responsabilidad penal de los acusados por los hechos específicos que allí se investigan.

El Tribunal Oral Federal N° 5, integrado por José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni, continuará con la lectura de la acusación fiscal y de las querellas del tramo Hotesur. Cuando esa etapa concluya, las defensas podrán plantear cuestiones preliminares y luego comenzarán las declaraciones indagatorias de los imputados.

Cristina y Máximo Kirchner participan por conexión virtual, aunque deberán comparecer en persona cuando corresponda avanzar con sus declaraciones.

Para Santa Cruz, el juicio tiene una dimensión particular: cruza constructoras que recibieron contratos de obra pública en la provincia, hoteles de sus principales destinos turísticos y sociedades comerciales ligadas a la familia Kirchner. El debate deberá establecer si existió el circuito de lavado que denuncia la acusación o si las operaciones fueron actividades comerciales legítimas, como sostienen las defensas.

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