Los siete policías que golpearon al luthier ya tienen nuevo destino

Siete efectivos de la Seccional Primera de Santa Rosa fueron reasignados a tareas pasivas mientras la Justicia avanza contra ellos por la golpiza contra el luthier Lautaro Ruíz. La medida alcanza a todo el grupo que participó del operativo y llega después de que fueran formalizados por la investigación en su contra, según pudo confirmar LA ARENA.

Ruíz, artista pampeano que reside en La Plata, fue agredido la noche del domingo 6 de septiembre en la Terminal de Ómnibus de la capital provincial. El episodio, que tomó estado público y tuvo eco en medios de todo el país, derivó en una causa por lesiones que ya tiene a los uniformados bajo la lupa de la Justicia.

Una guitarra, una discusión y una golpiza

Según el relato del propio músico, esa noche se disponía a viajar junto a un amigo en un micro de la empresa Plusmar rumbo a La Plata. Llevaba consigo una guitarra que había reparado para un cliente de esa ciudad y que pretendía subir al colectivo.

El conflicto estalló cuando los empleados de la firma se negaron a permitirle el ingreso del instrumento al habitáculo. "Al ser un instrumento, que vale mil dólares o más no lo podemos dejar en un despacho, por lo que nos retuvieron en el lugar", explicó Ruíz sobre la discusión con el personal de la empresa.

Los trabajadores de la terminal llamaron entonces a la policía y denunciaron una presunta "obstrucción pública". Fue en ese contexto que un grupo de efectivos de la Seccional Primera lo agredió físicamente en el lugar.

Trasladado y vuelto a golpear

El calvario no terminó allí. De acuerdo con la denuncia del luthier, los policías lo trasladaron a la sede de la dependencia, donde permaneció encerrado por más de una hora y volvió a ser golpeado.

La repercusión del caso fue inmediata y trascendió las fronteras de La Pampa. La violencia policial denunciada por el músico generó pronunciamientos y reclamos en distintos ámbitos, mientras la causa penal sigue su curso.

Ahora, la fuerza dispuso que los siete involucrados dejen sus funciones operativas y cumplan tareas administrativas hasta que la situación procesal se defina. La medida no implica una sanción penal, pero sí un apartamiento preventivo mientras la investigación intenta establecer las responsabilidades de cada uno de los uniformados.