Los radares de Misiones bajo la lupa: la medida que cambia las reglas para los conductores

El proyecto de ley del diputado provincial Martín Arjol que busca poner orden en el sistema de radares y cinemómetros de Misiones llegará mañana al debate en comisión de la Cámara de Representantes, casi un mes después de haber sido presentado.

La iniciativa apunta a un objetivo central: que el control de velocidad sirva para prevenir siniestros y proteger la vida, y no se transforme en una herramienta puramente recaudatoria.

Qué exige el proyecto para instalar un radar

Según el texto, ningún sistema podrá empezar a funcionar sin una habilitación previa y un expediente técnico que justifique su instalación. Ese expediente deberá contemplar las estadísticas de siniestralidad, los puntos donde se concentran los accidentes, las características de la circulación, la infraestructura, la señalización y los antecedentes técnicos del dispositivo.

Además, la propuesta crea un Registro Provincial de Sistemas Electrónicos de Fiscalización de Velocidad, de acceso público y digital. Allí se podrá consultar la ubicación de cada radar, el organismo responsable, su habilitación, las verificaciones metrológicas y su estado operativo.

Evaluaciones y plazo para las autorizaciones

Uno de los ejes de la iniciativa es que los radares deberán ser revisados periódicamente para determinar si siguen cumpliendo una función preventiva. El proyecto fija evaluaciones anuales y una vigencia máxima de cinco años para las autorizaciones, tras lo cual será necesario hacer una nueva evaluación integral para mantenerlas.

Más garantías para quien maneja

El texto incorpora mayores resguardos para los conductores: exige señalización previa, clara y visible, y prohíbe los controles deliberadamente ocultos. En el caso de los sistemas móviles, deberán contar con una orden operativa previa que determine el lugar, la fecha, el horario, el dispositivo y el organismo responsable.

También limita la participación privada en el ejercicio del poder de policía y establece expresamente que la remuneración de los prestadores no podrá estar vinculada a la cantidad de infracciones detectadas, multas emitidas o dinero recaudado.

Transparencia y destino de lo recaudado

En materia de transparencia, la propuesta plantea que el Estado publique cada año la cantidad de infracciones, los montos recaudados, el destino de los recursos, los contratos vinculados con los sistemas y los costos de funcionamiento.

También dispone que al menos el 30% de lo recaudado por multas se destine al Fondo Especial de Seguridad Vial, para infraestructura, señalización, educación y prevención.

“No se trata de quitarle al Estado la posibilidad de controlar la velocidad, sino de establecer reglas claras para que cada radar tenga una razón de ser, pueda ser controlado y responda a una política de seguridad vial”, sostiene el espíritu de la iniciativa presentada por Arjol.

Qué pasa con los radares que ya funcionan

El proyecto contempla además la situación de los sistemas que ya están operativos: establece un plazo de 180 días para que se adecuen a las nuevas exigencias, incluyendo habilitación, expediente técnico, homologación, verificación metrológica, inscripción registral y señalización.

Para Arjol, el debate que comienza mañana es relevante porque permite avanzar sobre una cuestión que afecta directamente a los conductores misioneros y que requiere mayor transparencia, controles objetivos y reglas previsibles.